RDÉ DIGITAL SANTO DOMINGO.– República Dominicana vive un momento migratorio sin precedentes al ser, al mismo tiempo, país emisor y receptor de deportaciones. Reportes recientes de medios internacionales como BBC Mundo y El País destacan esta situación con matices humanitarios y geopolíticos preocupantes.
Del lado interno, el gobierno dominicano ha intensificado las deportaciones de haitianos, incluso desde hospitales públicos. BBC Mundo, en un reportaje del 22 de mayo, documenta casos de mujeres embarazadas y madres con niños pequeños detenidas en centros de salud o en operativos urbanos, lo que ha generado preocupación por posibles violaciones a derechos humanos. Solo en lo que va de 2025, más de 119,000 ciudadanos haitianos han sido expulsados del país, según datos de la Dirección General de Migración, representando un aumento del 71% en comparación al mismo período del año anterior.
Comunidades dominicanas bajo acecho en el exterior
Simultáneamente, dominicanos que emigraron a Estados Unidos y Puerto Rico enfrentan una oleada de repatriaciones. Entre enero y abril de 2025, ICE deportó a 1,128 ciudadanos dominicanos, muchos de ellos por carecer de estatus legal. Las redadas se han intensificado en zonas con alta concentración de migrantes dominicanos, como el Barrio Obrero en San Juan, Puerto Rico.
El País, en una crónica publicada el 26 de mayo, retrata el impacto emocional y comunitario de estas acciones. “Es una ciudad sitiada”, describe el titular. El reportaje da voz a líderes locales como la pastora Nilka Marrero, quien denuncia la desolación del barrio: negocios cerrados, plazas vacías y una comunidad paralizada por el miedo.
Tensiones binacionales y retos humanitarios
El gobierno dominicano ha defendido sus operativos migratorios alegando que la crisis en Haití representa un “reto sin precedentes”. La presión migratoria desde el país vecino, sumada a la repatriación de nacionales desde el extranjero, coloca a la isla en una situación de doble vulnerabilidad.
Organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han instado a las autoridades dominicanas a respetar los principios del derecho internacional humanitario, mientras se exige a EE. UU. y Puerto Rico garantizar procesos justos y dignos en sus deportaciones.
En este complejo entramado de flujos migratorios, República Dominicana se encuentra atrapada entre su papel de destino de quienes huyen y de origen de quienes son devueltos. La presión crece desde dentro y desde fuera.
