RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– Las deportaciones de hasta 10,000 haitianos cada semana, según las políticas migratorias del Gobierno dominicano, están afectando severamente sectores productivos del norte del país como el agropecuario y la construcción. Empresarios de estos sectores expresan preocupación ante la falta de trabajadores, ya que muchos dominicanos no están dispuestos a ocupar estas posiciones, lo que ha puesto en riesgo su producción y eficiencia.
Desde el 2 de octubre, los haitianos que laboraban en estas áreas han sido detenidos y repatriados, tras la disposición del Ejecutivo. Aunque los productores y promotores de viviendas manifiestan respeto por la medida, consideran que debería replantearse para no afectar la agroindustria y el sector inmobiliario.
Representantes del sector agropecuario y de construcción critican el modo en que la Dirección General de Migración (DGM) ejecuta las redadas, alegando que los operativos afectan tanto a inmigrantes con estatus irregular como a aquellos con permisos válidos. También señalan que en los días de pago de trabajadores agrícolas y de construcción, algunos oficiales de la DGM actúan en horas de la madrugada, deteniendo a todos los presentes en pensiones y fincas.
Inversiones en capacitación de mano de obra
Marcos Rodríguez, presidente de la Asociación Bananera Monte de Sion, explica que, para lograr la calidad de exportación, el personal haitiano ha sido capacitado en el empaque de productos, un proceso que ha requerido tiempo y recursos. La asociación exporta más de 300,000 cajas de banano anualmente a Europa, generando unos 800 millones de dólares. Las provincias de Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde concentran el 90% de esta producción.
Propuesta de regularización a través de AFP y TSS
Productores y constructores proponen un plan de regularización que incluya a extranjeros que han trabajado durante años en el país. Sugieren que este proceso se realice mediante las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), otorgando permisos laborales específicos por zona para garantizar los derechos de estos trabajadores.
Iván Tió, expresidente de la Federación Nacional Dominicana de Productores de Arroz, asegura que la falta de personal dominicano ha llevado a sobrepagar salarios en el campo sin éxito. La mecanización es una opción que, según Tió, solo el sector arrocero podría implementar, aunque representa altos costos que requieren apoyo gubernamental.
Ganadería y construcción, sectores igualmente afectados.
Luis Felipe Checo, representante ganadero, indica que el 95% de su personal es haitiano, mientras que Sandy Rodríguez, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao, reporta ausencias de trabajadores en proyectos del Cibao debido a las deportaciones. Ambos sectores urgen por una solución que permita la estabilidad de la mano de obra extranjera para evitar mayores pérdidas en estas actividades fundamentales para la economía.
