RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Un informe del Banco Mundial ha puesto en evidencia deficiencias significativas en el marco normativo e institucional de la República Dominicana para enfrentar los desafíos ambientales y sociales del desarrollo. El documento, entregado al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, señala que el país enfrenta riesgos crecientes si no adopta reformas urgentes.
Titulado Evaluación General del Marco Legal, Institucional y de Políticas para la Gestión Ambiental y Social, el estudio identifica limitaciones técnicas, vacíos legales y mecanismos de protección insuficientes en sectores clave.
El informe critica el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) vigente, indicando que solo los proyectos de mayor escala (categorías A y B) son evaluados a fondo, dejando fuera a otros que también podrían afectar. No se consideran impactos acumulativos, regionales o asociados al cambio climático.
Como respuesta, el Banco Mundial propone revisar los términos de referencia para incorporar componentes sociales y climáticos, así como ampliar la cobertura de la EIA a todos los niveles de proyectos.
Otro de los hallazgos centrales es la ausencia de normativas específicas para salvaguardar los derechos de grupos vulnerables, como personas con discapacidad, mujeres, migrantes y comunidades indígenas. En proyectos con alto volumen de mano de obra, por ejemplo, no existen protocolos para prevenir la violencia de género.
El informe sugiere desarrollar lineamientos en coordinación con el Ministerio de la Mujer y el CONADIS, a fin de garantizar un enfoque inclusivo en los procesos de desarrollo.
Consulta pública limitada y falta de transparencia
Aunque el país cuenta con espacios formales para la participación ciudadana, el estudio señala que estos no son suficientes ni continuos. La falta de planes obligatorios de participación y la escasa divulgación proactiva de información afectan la calidad del diálogo con las comunidades.
La implementación de Planes de Participación Pública y la distribución de información en formatos accesibles, especialmente en zonas rurales, son algunas de las recomendaciones presentadas.
Débil atención al reasentamiento y al patrimonio
El documento advierte sobre la inexistencia de una política integral para el manejo de reasentamientos involuntarios, donde las compensaciones se calculan con base en valores catastrales y no en estándares de reposición. Además, no existen procedimientos robustos para evaluar daños a la biodiversidad ni al patrimonio cultural en obras de infraestructura.
El Banco Mundial plantea reformar la Ley de Expropiaciones e incluir planes de reasentamiento con perspectiva de sostenibilidad, así como establecer protocolos con el Ministerio de Cultura para la protección arqueológica.
Recursos institucionales insuficientes
Finalmente, el informe señala que entidades clave como el Ministerio de Medio Ambiente (MMARN), el Ministerio de Trabajo y los gobiernos locales carecen de personal y presupuesto para supervisar el cumplimiento ambiental y social. El MMARN, por ejemplo, no cuenta con suficientes inspectores para el seguimiento posterior a las aprobaciones de proyectos.
Se recomienda fortalecer estas instituciones mediante financiamiento público y cooperación internacional.
Aunque el país suscribió acuerdos internacionales en materia ambiental, el Banco Mundial concluye que los avances siguen limitados frente a los retos actuales. La implementación de estas recomendaciones será determinante para garantizar que el crecimiento económico de la República Dominicana se produzca sin comprometer su sostenibilidad ambiental ni el bienestar de sus comunidades y con ellos superar los desafíos ambientales y sociales que hoy afectan a sus ciudadanos.
