RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La deuda pública se convirtió en un tema crítico y complejo, especialmente en el contexto de los compromisos financieros que esta genera y el impacto que tiene sobre la economía del país.
Históricamente, la deuda dominicana estaba compuesta principalmente por financiamiento de organismos multilaterales, que ofrecían condiciones favorables como tasas de interés blandas y plazos prolongados para el pago. En 1999, la carga de la deuda era relativamente baja, representando solo el 16.6 % del PIB. Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente.
La deuda pública ha crecido exponencialmente, pasando de aproximadamente US$ 3,660 millones en 1999 a más de US$ 57,359 millones en 2024, lo que equivale a un 46.1 % del PIB. Para el 2025, se estima que el servicio de la deuda alcanzará un 20.1 % del gasto público total, lo que evidencia la creciente presión sobre el presupuesto nacional.
Desde la introducción de la emisión de bonos soberanos en 2001, los gobiernos han utilizado la deuda como una tabla de salvación, sin los requisitos estrictos que normalmente imponen los organismos multilaterales.
El reciente rechazo popular a la reforma fiscal propuesta por el gobierno pone de manifiesto la falta de confianza en la gestión fiscal.
A pesar de que la reforma no abordaba directamente el déficit fiscal, el descontento general sugiere que la población es consciente de que los niveles de endeudamiento no son sostenibles y que se necesita una reestructuración del gasto público.
Entre 2020 y 2024, el gobierno dominicano ha manejado la mayor cantidad de deuda pública en la historia del país, alcanzando un total de RD$ 1.36 billones. Esto se traduce en un promedio de RD$ 340 mil millones al año, lo que representa un 24.0 % del gasto total del presupuesto.
Sin embargo, este flujo de recursos, lejos de ser una solución, plantea serias preguntas sobre la viabilidad a largo plazo de las finanzas públicas.
La carga del servicio de la deuda, que ha crecido notablemente, resulta en un espacio fiscal cada vez más limitado, reduciendo la capacidad del gobierno para financiar proyectos de infraestructura y programas sociales necesarios.
La realidad es que la deuda pública, aunque puede parecer un recurso inmediato para financiar el gasto, conlleva un costo significativo. A lo largo de los últimos cuatro años, el gobierno ha incurrido en un servicio de deuda que asciende a RD$ 865,647 millones, lo que representa un costo considerable que debe ser cubierto por los contribuyentes.
El aumento de la deuda pública y el consiguiente costo del servicio de la misma han creado una trampa fiscal que limita la capacidad del gobierno para invertir en áreas críticas que podrían estimular el crecimiento económico.
Con un 20.1 % del gasto total destinado a pagar intereses, el presupuesto nacional se vuelve rígido, impidiendo un uso efectivo de los recursos en programas que beneficien a la población más vulnerable.
A medida que la carga de la deuda pública sigue creciendo, la necesidad de un cambio en la política fiscal se vuelve urgente. No es sostenible que los gobiernos continúen operando con déficits fiscales que perpetúan un ciclo de endeudamiento y dependencia de recursos externos.
Se requiere una revisión profunda de la estructura de la deuda, así como un compromiso real para implementar políticas que fomenten un crecimiento económico inclusivo y sostenible.
En conclusión, el manejo de la deuda pública dominicana es un reflejo de los retos económicos que enfrenta el país. La combinación de un creciente endeudamiento y una presión fiscal creciente plantea serias preocupaciones sobre la salud económica a largo plazo de la nación.
Sin cambios significativos en la gestión fiscal y una estrategia clara para abordar la deuda, la economía dominicana se enfrenta a un futuro incierto y potencialmente insostenible. (Fuente: Haivanjoe Ng Cortiñas, Listín Diario)
