RDÉ DIGITAL SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) aclaró este domingo que los acuerdos entre el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) no están sujetos a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, sino a la Ley 87-01 de Seguridad Social.
No obstante, precisó que cuando Senasa contrata bienes o servicios con empresas que no cuentan con habilitación otorgada por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), esos procesos sí entran bajo la regulación de la DGCP y se aplican las disposiciones de la Ley 340-06.
Caso Farmacard SRL: contrato anulado
Como ejemplo, la DGCP citó la resolución RIC-0109-2025, emitida el 15 de agosto, mediante la cual se dejó sin efecto la contratación de la empresa Farmacard SRL por parte de Senasa. La decisión se tomó porque la compañía no tenía la acreditación necesaria para operar como prestadora de servicios de salud.
La institución reiteró que su competencia no alcanza a las PSS debidamente habilitadas, pero sí actúa en los casos de empresas no certificadas, con el fin de garantizar la legalidad, transparencia y protección de los derechos ciudadanos.
Información remitida a órganos de control
El órgano rector informó que remitirá a la Procuraduría General de la República y a la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República toda la documentación vinculada a la contratación de Farmacard SRL. El expediente incluye un informe de análisis generado en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Investigación periodística motivó revisión
Las autoridades adoptaron esta medida tras un reportaje de N Investiga, en el que se denunciaron presuntas irregularidades en contratos millonarios adjudicados por Senasa a empresas privadas, vinculados a un proceso de privatización de la atención primaria del régimen subsidiado.
Finalmente, la DGCP reafirmó su compromiso con la aplicación estricta de la Ley 340-06 en su ámbito de competencia, así como con la coordinación interinstitucional para asegurar que todos los procesos de contratación pública cumplan con los estándares legales y técnicos establecidos.
