RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anuló varios contratos relacionados con la compra de uniformes, mochilas y kits escolares tras detectar irregularidades en los procesos de adjudicación realizados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).
De los proveedores inicialmente adjudicados para la confección y adquisición de mochilas y kits escolares, la DGCP anuló algunos contratos y ordenó al Inabie la reevaluación de los oferentes mediante nuevas visitas técnicas realizadas por peritos calificados, las cuales deberán contar con registros audiovisuales obligatorios.
Asimismo, la DGCP inició procedimientos sancionadores de oficio contra proveedores que presentaron documentación falsa, según las resoluciones emitidas por la entidad.
Irregularidades detectadas en licitaciones
En la licitación para mochilas y kits escolares, la DGCP confirmó fallas en evaluaciones técnicas y económicas, en los criterios de adjudicación y en el respeto a los principios de igualdad, transparencia y competencia libre. Se identificó documentación alterada o con indicios de falsedad, ausencia de registros en las visitas técnicas y participación de peritos no formalmente designados.
También se detectaron deficiencias en la evaluación de garantías económicas y adjudicaciones, así como indicios de colusión y conflictos de interés entre algunos proveedores.
De manera similar, en la licitación para polos y pantalones escolares, se confirmaron documentos falsos y vínculos entre empresas adjudicadas. Además, el Comité de Compras del Inabie otorgó excepciones tras la evaluación técnica definitiva sin evidencias ni justificaciones claras.
Reevaluación y cumplimiento de buenas prácticas
La DGCP ordenó la reevaluación de las ofertas por parte de peritos calificados y sin conflictos de interés, documentando las nuevas visitas mediante cámaras corporales, siguiendo las buenas prácticas de la normativa vigente.
Estas medidas buscan garantizar la transparencia y legalidad en la contratación pública, asegurando que los recursos destinados a la educación se utilicen de manera eficiente y conforme a la ley.
