RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) puso en vigencia un nuevo reglamento para regular la participación de peritos en los procesos de contratación del Estado.
Se trata del Reglamento Núm. DGCP-SNCP-05-2026 de Peritos en Contratación Pública. La normativa establece reglas para la selección, designación, acreditación y evaluación de estos profesionales.
Además, fija disposiciones sobre sus funciones, incompatibilidades y responsabilidades. El objetivo es fortalecer la objetividad de las evaluaciones y prevenir conflictos de interés.
La regulación se sustenta en la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas. También busca garantizar el principio de valor por dinero en las compras estatales.
DGCP administrará Banco de Peritos
Entre las principales novedades está la creación del Banco de Peritos del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas. Este registro será administrado por la DGCP.
Los profesionales estarán clasificados según sus áreas de especialidad. Entre ellas figuran las ramas técnica, financiera y legal.
Asimismo, las entidades contratantes podrán recurrir a estos especialistas. La medida se aplicará cuando la complejidad de un proceso requiera apoyo adicional para estructurar o evaluar las ofertas.
Reglamento establece causas de recusación
Por otra parte, la normativa establece impedimentos para ejercer como perito cuando exista alguna circunstancia que afecte su independencia.
Entre las causas figuran vínculos laborales o societarios con oferentes. También se contemplan relaciones de parentesco que puedan generar conflictos de interés.
Del mismo modo, no podrá actuar como perito quien haya participado en la preparación de una propuesta que luego deba evaluar.
Además, los oferentes y demás interesados podrán solicitar la recusación de un perito. Esto será posible cuando exista una causa que pueda comprometer su imparcialidad.
Informes tendrán criterios uniformes
El reglamento también establece un formato uniforme para los informes periciales. Estos deberán responder a criterios técnicos y metodológicos previamente definidos.
Asimismo, prohíbe que autoridades administrativas o terceros interfieran en las conclusiones de los informes.
Los peritos tendrán obligaciones de confidencialidad. También deberán cumplir normas de conducta relacionadas con la prevención del soborno y otras prácticas que afecten la integridad de los procesos.
Finalmente, la normativa contempla evaluaciones periódicas de desempeño. Se tomarán en cuenta la calidad técnica, el cumplimiento de los plazos y la aplicación de las metodologías correspondientes.
El reglamento entra en vigencia tras su publicación oficial. Las instituciones tendrán tres meses para adecuar sus registros y procedimientos.
Por su parte, la DGCP dispondrá de 90 días hábiles para emitir las metodologías, formatos e instructivos complementarios.
