RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este jueves la suspensión de oficio de 20 Registros de Proveedores del Estado (RPE). La medida afecta a personas jurídicas y consorcios vinculados a una estructura que habría manipulado procesos de contratación pública mediante prácticas fraudulentas.
Empresas y consorcios afectados
Entre las razones sociales suspendidas se encuentran:
- Comerdon, SRL; Inversiones Qtek SRL; Condelca, SRL; Tingley Business, SRL; Mediterráneo Investments Group, SRL; Kury Limited.
- Importadora Coav, SRL; Empresas Integradas, SAS; Flexiplas, SRL; Inversiones Nogal Verde, SRL; Agro Avícola Benevento, SRL; Grupo Empresarial Barnichta, SRL; Inversiones Yang, SRL; Topicverse, SRL; Roment, SRL.
También se suspendieron los consorcios:
- Empresas Integradas & Concreto Pretensado
- Empresas Integradas & Constructora Yeara
- Empresas Integradas & Farmasino
- Empresas Integradas & Tankasa
- Consorcio Importadora Integrada (Importadora Coav)
La DGCP advirtió que podrían sumarse más empresas o personas naturales vinculadas a la misma investigación.
Motivos de la suspensión
La medida surge de una investigación administrativa de la DGCP y de una investigación penal en curso por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. Se investigan delitos como:
- Estafa contra el Estado
- Soborno
- Colusión
- Lavado de activos
- Falsificación de documentos
- Asociación de malhechores
La DGCP aclaró que la suspensión no constituye sanción, sino una medida cautelar para proteger el interés público, la competencia y la integridad del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP) mientras continúa la investigación.
Riesgo para el sistema
El acto administrativo señala que mantener habilitadas a estas empresas implicaría un riesgo de reiteración, obstrucción o afectación de los procesos de contratación, vulnerando la libre competencia, la transparencia y la igualdad entre oferentes.
Antecedentes
A finales de octubre, la DGCP remitió a la Procuraduría un informe técnico conjunto con la Unidad Antifraude de la Contraloría General. El documento evidenció que la estructura investigada manipulaba procesos, realizaba actos de intimidación y extorsión, y tenía posibles vínculos con funcionarios públicos.
Los hallazgos revelan patrones de participación conjunta, rotación de adjudicatarios y concentración de contratos en sectores específicos, así como testimonios de proveedores que denunciaron amenazas y presiones para desistir de adjudicaciones legítimas.
Para más información, el acto administrativo está disponible en: DGCP Actos Administrativos
