RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Dirección de Infraestructura Escolar proyecta la construcción de 7,481 aulas en los próximos dos años, con una inversión estimada de RD$2,700 millones, según el programa enmarcado en la Ley 118-21 sobre terminación de obras viales, escuelas y hospitales, que busca fortalecer la infraestructura educativa nacional.
El director general de Mantenimiento e Infraestructura Escolar, Fernando Taveras, junto a Ysabel Vargas, encargada de Responsabilidad Civil y Contrato, y David Lapaix, director de Programación Financiera y Estudios Económicos del Ministerio de Educación, detallaron que el reciente Decreto 313-24 otorgará autonomía a la Dirección de Infraestructura Escolar, optimizando su eficiencia operativa.
Taveras destacó que la prioridad gubernamental es la conclusión de las escuelas iniciadas en administraciones anteriores, reportando la finalización de 148 planteles, equivalentes a 1,436 aulas, mientras que 485 están en proceso y 84 enfrentan desafíos de terreno.
Lapaix subrayó la importancia de reducir la densidad estudiantil por aula en escuelas públicas, especialmente en áreas densamente pobladas, como medida para mejorar las condiciones educativas y económicas de las familias de menores ingresos.
En cuanto a obligaciones financieras pendientes, Vargas informó sobre pagos realizados al Banco de Reservas desde 2016, totalizando RD$1,768 millones, con RD$1,464 millones pagados post Ley 118-21 en concepto de intereses. Además, se abordaron cubicaciones finales que superan el 25 % del contrato, sumando RD$2,018 millones desde 2021.
David Lapaix advirtió sobre los riesgos financieros de aumentos salariales significativos para los maestros, argumentando que podrían comprometer el presupuesto destinado a infraestructuras y operaciones educativas. Según Lapaix, la nómina del Ministerio de Educación representa el 52 % del presupuesto central del gobierno, con proyecciones que superan los RD$171,000 millones para el próximo año, equivalente al 2.60 % del PIB asignado.
Este programa refleja el compromiso del gobierno con la mejora continua del sistema educativo nacional, priorizando la expansión y optimización de las instalaciones escolares como clave para un desarrollo educativo sostenible y equitativo.
