RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La directora General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, entregó este viernes a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, un informe detallado sobre presuntas irregularidades detectadas en una regional del Ministerio de Educación (Minerd).
Esta acción responde a una solicitud realizada por el exministro de Educación, Ángel Enrique Hernández Castillo, quien solicitó la profundización de una investigación sobre el uso de fondos destinados al mantenimiento de centros educativos en áreas rurales.
El documento, elaborado por la Dirección de Fiscalización y Cumplimiento de Procesos del Minerd, señala que se transfirieron RD$25,142,600.00 para proyectos de reparación en escuelas que inicialmente no requerían intervención, lo que ha levantado sospechas sobre la correcta utilización de los fondos.
La información también indica que estos recursos habrían sido utilizados sin cumplir con los procedimientos establecidos por la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Una de las irregularidades más destacadas en el informe es la adquisición de 1,595 abanicos por un monto de RD$33,461,011.05, lo que podría implicar una sobrevaloración y una posible violación a la mencionada ley.
En su nota de prensa, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental subraya que, en virtud de estos hechos, el expediente fue remitido a la Procuraduría para su correspondiente investigación.
El objetivo es determinar si existen irregularidades y, en caso de ser confirmadas, establecer las responsabilidades penales, civiles o administrativas pertinentes.
El informe no especifica la regional del Ministerio de Educación implicada en las presuntas irregularidades.
Con este nuevo caso, suman 48 los expedientes remitidos por la Digeig a la Procuraduría, algunos de los cuales provienen de otras instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, como la Contraloría General, el Ministerio de Administración Pública, la Unidad Antifraude de Contraloría y Compras y Contrataciones.
Esta entrega forma parte del esfuerzo continuo del gobierno por garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.
