El alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, reiteró este miércoles su respaldo a la instalación de reductores de velocidad en distintas calles y avenidas del municipio, conocidos popularmente como “policías acostados”, a pesar de las críticas recibidas por parte de ciudadanos y especialistas en movilidad urbana.
Astacio justificó la medida como una respuesta necesaria ante el irrespeto generalizado a las normas de tránsito y el alto índice de accidentes. “Ponemos policías acostados porque la gente no respeta ni los semáforos. Hasta los semáforos en rojo la gente se los lleva. Estamos perdiendo vidas”, declaró a través de sus redes sociales.
El alcalde afirmó que continuará colocando estos dispositivos donde lo considere necesario, más allá del consenso comunitario. “He intentado ponerlos solo donde hay consenso, pero no más. Donde quiera que se pueda, vamos a poner un policía al costado”, sostuvo.
Astacio calificó el exceso de velocidad como “la pandemia de la República Dominicana” y señaló que los reductores están debidamente señalizados con indicaciones de límite de velocidad a 10 km/h, lo cual, según él, valida su ubicación y diseño.
En cuanto al marco legal, el funcionario citó la Ley 176-07, que otorga a los municipios la facultad de regular el tránsito en su jurisdicción, y recordó que la Constitución garantiza la autonomía municipal. “Los ayuntamientos no tienen que pedir permiso a nadie para hacer nada en su territorio, coordinación sí, pero no permiso”, afirmó.
No obstante, la medida ha generado rechazo en sectores de la ciudadanía y entre expertos en movilidad. Conductores han denunciado que los reductores dañan los vehículos y provocan congestionamientos, especialmente en vías principales como la carretera Mella y la avenida Venezuela.
Urbanistas y técnicos han advertido que estos dispositivos deben instalarse bajo criterios técnicos definidos y no en arterias de alta capacidad. Además, recordaron que la Ley 63-17 establece la necesidad de coordinar estas acciones con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), un proceso que, aseguran, no ha sido del todo transparente en este municipio.
