RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.-La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura y remitió a comisión el proyecto de ley que regula la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el cual sustituye el Departamento Nacional de Investigaciones.
La pieza es una fusión de tres iniciativas sometidas por los diputados Julito Fulcar, Braulio de Jesús Espinal y Lourdes Josefina Aybar, así como por el senador Milcíades Franjul.
El Pleno Legislativo liberó de trámite el proyecto refundido, con el objetivo de remitirlo a la Comisión Permanente de Fuerzas Armadas para que sea estudiado una vez más y se ponderen algunas observaciones.
Esta iniciativa tiene por objeto crear la Dirección Nacional de Inteligencia, como órgano centralizado del Estado, destinado a proteger la seguridad nacional y regular lo relativo al Sistema Nacional de Inteligencia.
Uno de los considerandos de la legislación explica que resulta oportuno plantearse una nueva regulación de los servicios de inteligencia en la que se recojan, de forma detallada y sistemática, la naturaleza, los objetivos, los principios y las funciones, los cuales representan aspectos sustanciales de la organización del Organismo, “en sustitución del Departamento Nacional de Investigaciones”.
El Sistema Nacional de Inteligencia es el conjunto de relaciones funcionales entre los organismos de inteligencia del Estado dominicano, bajo la coordinación de la DNI, con la finalidad de proveer información estratégica para la seguridad nacional.
La Institución, en un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor de la presente ley, elaborará y propondrá al Poder Ejecutivo el reglamento de aplicación.
El proyecto de ley ha sido criticado por tener algunos aspectos considerados por algunos legisladores violatorios a la Constitución, como es el artículo 26, que trata sobre las sanciones.
En ese sentido, Dionis Sánchez, vocero de la bancada de Fuerza del Pueblo en el Senado, argumentó en una sesión que dicho artículo es contrario a lo establecido por la Carga Magna en lo que respecta a la libertad de expresión e información, según el artículo 49 de la Ley Sustantiva.
Según el artículo 26 del proyecto, quien oculte informaciones requeridas por la Dirección Nacional de Inteligencia, sobre las cuales tengan datos o conocimiento, relativas a sus atribuciones señaladas en el artículo 9 de esta ley, “será sancionado con prisión menor de dos a tres años y multa de nueve a quince salarios mínimos del sector público”.
