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Diputados buscan eliminar la propina obligatoria

Diputados iniciarán elaboración de nuevo Código Civil

RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Algunos legisladores de la Cámara de Diputados buscan eliminar la propina legal del 10 % en restaurantes, justo cuando el Senado debate extender este cobro a los pedidos a domicilio y plataformas digitales.

La iniciativa original fue presentada en 2011 por el entonces diputado peledeísta Nelson Guillén, pero no prosperó. Ahora, ante la posible ampliación de la propina, la idea recobró fuerza.

Según el vocero del PLD en la Cámara, Gustavo Sánchez, un grupo de diputados prepara una versión actualizada del proyecto que mantendría el objetivo: suprimir la propina obligatoria incluida en las facturas de alimentos y bebidas.

Argumentos contra la propina obligatoria

Guillén explicó en 2011 que los consumidores enfrentan una triple tributación: 16 % de ITBIS, 10 % de propina obligatoria y pagos voluntarios a los empleados. La propuesta buscaba eliminar el artículo 228 del Código de Trabajo, que establece este cobro.

La posible reintroducción surge mientras el Senado estudia una modificación para incluir la propina legal en servicios de entrega a domicilio.

El legislador Sánchez cuestionó que la distribución de la propina obligatoria entre los empleados no siempre es equitativa, según el artículo 229 del Código de Trabajo, y criticó que los consumidores terminen compensando los bajos salarios del sector.

Oposición de otros diputados

El diputado Pedro Martínez, de Alianza País, también rechazó la medida. Aseguró que la propina obligatoria se ha convertido en una carga fiscal sin garantías de que llegue a los trabajadores.

Martínez recordó que en varios países se ha eliminado la obligatoriedad de la propina para evitar desigualdades entre quienes pueden dar un extra y quienes no. Señaló que los consumidores ya realizan pagos adicionales por el servicio recibido, y la propina obligatoria traslada a ellos responsabilidades que deberían asumir los empleadores.

El debate sobre la propina legal sigue en curso, con legisladores divididos entre proteger los ingresos de los empleados y evitar cargas excesivas a los consumidores.

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