RDÉ DIGITAL SANTO DOMINGO.- La Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados analiza alternativas para cumplir con el mandato del Tribunal Constitucional (TC) y aprobar un nuevo Código Procesal Penal antes del 11 de diciembre, fecha límite para evitar que el país vuelva a regirse por la normativa del año 2002.
En medio del estudio del proyecto aprobado por el Senado, la comisión considera una segunda opción: aprobar una ley más simple, con menos artículos modificados, que permita corregir el problema jurídico sin adoptar de inmediato la reforma integral.
Dos rutas sobre la mesa
El presidente de la Comisión de Justicia, Wandy Batista, explicó que los legisladores trabajan contra el tiempo y evalúan dos caminos:
- Reforma integral aprobada por el Senado, que modifica el Código Procesal Penal completo.
- Proyecto del diputado Rafael Castillo, concebido como un mecanismo rápido para restablecer la ley vigente con los ajustes ordenados por el Tribunal Constitucional.
Batista calificó la pieza del Senado como “una reforma ingente” que requiere un estudio profundo. En contraste, el proyecto de Castillo restablece el texto anulado en 2015, incorporando únicamente las correcciones dispuestas por el TC.
Recordó que la ley invalidada no cayó por su contenido, sino por fallas en el procedimiento legislativo, y que su estructura sigue siendo válida, salvo los artículos declarados inconstitucionales mediante control difuso.
Evitar el vacío jurídico
Batista adelantó que la comisión ya revisó el proyecto de Castillo y que esa podría ser la estrategia adoptada para garantizar la continuidad del sistema procesal a partir del 11 de diciembre.
Una vez superado el plazo y asegurado el marco normativo, la Cámara de Diputados podría concentrarse con mayor calma en el análisis detallado de la reforma profunda enviada por el Senado, incluso extendiendo el estudio si fuese necesario.
El mandato del Tribunal Constitucional
En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional anuló la ley que estableció el Código Procesal Penal en 2015 y otorgó un año al Congreso para aprobar una nueva normativa. Tras el fallo, el Senado decidió no solo corregir los aspectos señalados por el TC, sino impulsar una reforma amplia que introduce cambios en:
- Plazos de prisión preventiva
- Facultades de la Suprema Corte de Justicia
- Protección de víctimas e imputados
- Procedimientos y etapas del proceso penal
Con esta reforma amplia en sus manos, los diputados disponen de menos de un mes para tomar una decisión. Si el Congreso no actúa antes del 11 de diciembre, el sistema judicial volverá a operar bajo el Código Procesal Penal del 2002, una normativa que, según los propios legisladores, ya no responde a las demandas actuales de la justicia dominicana.
