RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- En una conferencia de prensa llevada a cabo en la Cámara de Diputados la mañana de hoy, los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Henríquez y Elpidio Báez, presentaron un proyecto de ley con el objetivo de derogar la controvertida ley 01-24, que establece la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Los congresistas alegan que dicha ley es contraria a la Constitución Dominicana.
La propuesta legislativa argumenta que la ley recién promulgada 01-24 contradice la Declaración de Salta de la Sociedad Interamericana de Prensa, así como tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por el país, tales como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Henríquez y Báez solicitan al Poder Ejecutivo la convocatoria de una legislatura extraordinaria para abordar con urgencia esta propuesta y resolver el problema generado por la controvertida ley.
En caso de ser aprobada, la iniciativa propuesta mantendría vigente la ley No. 857, del 22 de julio de 1978, que establece que el Departamento Nacional de Investigaciones estará bajo la dependencia de las Fuerzas Armadas.
Durante la conferencia de prensa, los legisladores expresaron su convicción de que la solución al problema creado por la ley cuestionada radica en el Congreso Nacional. Destacaron la oportunidad actual como un momento crucial para poner fin a la situación.
Luis Henríquez, citando el artículo 89 de la Constitución, enfatizó que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de convocar a una legislatura extraordinaria, y consideran esta una excelente oportunidad para que los legisladores se reúnan en una sesión de urgencia y deroguen la ley 01-24, la cual, según argumentan, viola derechos fundamentales consignados en la Constitución.
Elpidio Báez, quien formó parte de la Comisión que estudió la ley, destacó la necesidad de establecer límites y controles sobre la DNI, al argumentar que, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, debe tener salvaguardias para proteger a los ciudadanos de posibles excesos de poder.
Además, señaló que durante la aprobación de la ley, se violó el debido proceso del Reglamento de la Cámara de Diputados sobre la debida publicidad de los proyectos.
