RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– La Cámara de Diputados aprobó en primera discusión elevar del 25 % al 30 % la partida presupuestaria que las alcaldías deben destinar al pago de nómina y demás gastos vinculados al personal administrativo. La modificación, introducida en el artículo 21 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, también contempla un aumento en las remuneraciones del personal electivo sin especificar cargos.
Esta iniciativa forma parte de un paquete de reformas dirigidas a corregir vacíos legales sobre la administración municipal y garantizar una asignación más realista de los recursos públicos. Fue acogida por unanimidad en la cámara baja, tras ser enviada por el Senado como resultado de la fusión de tres proyectos legislativos.
Reforma elimina rol presidencial en vacantes
Uno de los cambios clave propuestos es suprimir la intervención del Poder Ejecutivo en la designación de autoridades municipales cuando se presentan vacantes simultáneas. A partir de la reforma, será el Concejo de Regidores quien reciba las propuestas de los partidos políticos para cubrir los cargos, sin requerir decreto presidencial.
La normativa establece que, en caso de vacancia total, el secretario general del ayuntamiento —o el funcionario ejecutivo de mayor jerarquía— asumirá de forma provisional hasta que se complete el proceso de sustitución. La propuesta busca agilizar la transición institucional y fortalecer la autonomía municipal.
Nuevo marco impone límites y castigos.
Además del ajuste en el gasto de personal, el proyecto redistribuye los fondos municipales: el 66 % del presupuesto deberá dirigirse a servicios, obras e infraestructuras comunitarias, mientras que se mantiene en 4 % la asignación para programas de salud, educación y género.
“El proyecto se adapta a la realidad desigual de nuestros municipios, promoviendo una administración más eficiente y cercana”, destacó la vicepresidenta de la Cámara, Dhaurely D’Aza, al defender la medida.
En caso de incumplimiento de la norma, se contemplan sanciones de dos a cinco años de prisión, multas de cinco a 20 salarios mínimos e inhabilitación para ejercer funciones públicas. La ley también penaliza a los funcionarios financieros municipales que omitan reportar irregularidades ante las autoridades competentes.
De ser ratificado en segunda lectura y promulgado, el proyecto sentará las bases para una gestión más clara, autónoma y fiscalizada de los fondos públicos municipales en República Dominicana.
