RDÉ DIGITAL SANTO DOMINGO.- En la Cámara de Diputados de la República Dominicana se estudia un proyecto de ley que podría transformar el funcionamiento de los mercados binacionales en la frontera con Haití. La iniciativa plantea que solo los comerciantes residentes en provincias fronterizas podrán operar en estos espacios de intercambio.
El proyecto, que modificaría la Ley 216-11 sobre regulación de mercados fronterizos, lleva un mes en análisis dentro de una comisión permanente. Su objetivo principal es proteger la economía local, restringiendo la participación exclusivamente a quienes puedan demostrar residencia en las provincias limítrofes, y evitando la llamada “competencia desleal” de comerciantes provenientes de otras regiones del país.
Registro obligatorio y permisos especiales
La pieza legislativa, propuesta por el diputado opositor Rafael Pérez Gómez, establece que todo comerciante deberá inscribirse en un Registro Nacional de Comerciantes Fronterizos, administrado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Para ello, deberán presentar una constancia de residencia emitida por las autoridades locales y el permiso será expedido por la alcaldía correspondiente, con una vigencia de un año renovable.
En cuanto a los comerciantes no residentes, el proyecto dispone que podrán operar solo si obtienen un permiso especial otorgado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estos permisos estarán sujetos a cupos y regulaciones estrictas, buscando controlar el acceso masivo que, según el proyecto, genera desorganización, pérdida de competitividad y conflictos en los mercados bilaterales.
La propuesta también introduce un sistema de verificación electrónica para rastrear a los comerciantes autorizados, aplicar sanciones y establecer un régimen fiscal especial para las actividades en los mercados fronterizos.
Sanciones y nuevas responsabilidades para autoridades
El proyecto contempla sanciones severas para quienes incumplan las disposiciones: multas de hasta 100,000 pesos y prohibición de operar en mercados fronterizos durante dos años para los comerciantes irregulares. Asimismo, las alcaldías que permitan instalaciones fuera de la normativa enfrentarán sanciones administrativas, y los funcionarios públicos que otorguen permisos de manera irregular podrán ser procesados bajo la Ley de Función Pública.
La Dirección General de Impuestos Internos y las alcaldías locales serán los entes principales en la supervisión, inspección y control, con el apoyo de la Policía Municipal y, de ser necesario, del Ministerio de Defensa.
El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 90 días para emitir el reglamento de aplicación una vez promulgada la ley, mientras que se propone un período de transición de seis meses para que los comerciantes regularicen su situación.
Con esta reforma, el diputado Rafael Pérez Gómez busca fortalecer el desarrollo económico en las zonas fronterizas, mejorar el control aduanero y aumentar la fiscalización tributaria, asegurando que los beneficios del comercio binacional lleguen directamente a las comunidades locales más afectadas.
