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noviembre 21, 2024
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Diputados rechazan medida del MAP que exige facturas a empleados públicos

RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Este viernes, diputados de diversas bancadas expresaron su rechazo a la reciente medida del Ministerio de Administración Pública (MAP) que exige a los empleados públicos presentar facturas de servicios básicos, argumentando que invade la privacidad y es innecesaria.

El diputado Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo (FP), calificó la decisión como una “falta de respeto” y criticó al MAP por imponer una medida que, a su juicio, vulnera la intimidad de los ciudadanos. “Estos funcionarios solo están poniendo huevos; que realmente se pongan a gobernar”, expresó, haciendo referencia a la similitud de la medida con recomendaciones de la Cámara de Cuentas, cuestionadas por invadir la vida privada de los empleados.

Por su parte, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, defendió la medida, argumentando que el objetivo es analizar los perfiles de los empleados y que dicha información ya es de conocimiento público en redes sociales. Sin embargo, Crespo acusó al Gobierno de falta de dirección y afirmó que el país está “suelto en banda”.

Desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el diputado Juan Medina también se pronunció en contra de la circular, tildándola de “humillación” para los empleados públicos. “Ellos tienen la computadora; saben quién debe y quién no”, señaló Medina, sugiriendo que las distribuidoras eléctricas ya cuentan con información de los usuarios.

Asimismo, Eugenio Cedeño, también del PRM, insistió en que el MAP no tiene autoridad para aplicar medidas coercitivas contra los empleados. “Ningún empleado está obligado a cumplir con esos requerimientos; debe ser dentro de un marco de colaboración”, afirmó Cedeño, destacando que cualquier control debería enfocarse en mejorar la situación económica de los empleados.

La medida ha desatado un intenso debate entre la transparencia gubernamental y la privacidad de los ciudadanos, mientras las críticas continúan por la falta de claridad en la administración pública respecto al respeto de los derechos individuales.

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