RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– La Cámara de Diputados cerró este lunes la puerta a las candidaturas independientes de cara a las elecciones de 2028, al emitir un informe desfavorable a los proyectos que buscaban regular esta figura, reconocida en diciembre de 2024 por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia TC/0788/24.
El informe, presentado por la comisión especial que estudió las propuestas legislativas, fue aprobado por 15 de los 17 diputados presentes. La decisión deja sin efecto tres proyectos de ley, incluyendo uno presentado por el propio presidente de la comisión, Elías Wessin Chávez.
Wessin Chávez argumentó que los proyectos contradicen la Constitución dominicana, que solo permite la participación electoral a través de partidos políticos. En consecuencia, la comisión recomendó que cualquier regulación sobre candidaturas independientes debe esperar una futura reforma constitucional.
Choque institucional
La decisión de los legisladores desafía abiertamente el mandato del Tribunal Constitucional, que ordenó al Congreso legislar sobre el tema. No obstante, los diputados afirmaron que el Congreso mantiene soberanía legislativa incluso frente a sentencias constitucionales.
El diputado Rogelio Genao, del PRSC, respaldó el informe y alegó que los proyectos examinados presentaban múltiples conflictos con la Carta Magna, desde la sucesión presidencial hasta el principio de asociación política. Genao aseguró que el Congreso es el único órgano con facultad para legislar y que el Tribunal Constitucional “se excedió” en sus funciones.
Ramón Bueno, del PRM, también apoyó el informe y afirmó que el fallo constitucional sobrepasó su rol jurídico. “Somos el Congreso, somos soberanos”, dijo.
Lo que viene
El informe será sometido al pleno de la Cámara de Diputados, que decidirá si lo acoge oficialmente. Mientras tanto, la controversia sobre las candidaturas independientes sigue generando división entre los poderes del Estado.
Cabe recordar que, tras la sentencia del Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral (JCE) había sometido un proyecto de ley que proponía condiciones estrictas para los aspirantes sin partido, incluyendo la recolección de miles de firmas y la creación de una asociación cívica.
La negativa de los diputados marca un precedente institucional y refleja las tensiones entre el Poder Legislativo y el Tribunal Constitucional en torno a la interpretación de derechos fundamentales y las reformas del sistema electoral dominicano.
