RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Una comisión especial de la Cámara de Diputados trabaja en la modificación del proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles. La pieza, ya aprobada en primera lectura, recibió múltiples críticas de inversionistas, abogados, hoteleros, comerciantes y entidades bancarias.
Tras la aprobación inicial, varios sectores advirtieron que el proyecto no fomenta el alquiler, sino que desincentiva la inversión inmobiliaria. Como respuesta, los diputados iniciaron un proceso de revisión y ajuste.
Cambios a sanciones y contratos
El diputado Amado Díaz, presidente de la comisión especial, informó que entre los cambios se incluyen sanciones menos rígidas para los propietarios y mayor flexibilidad contractual.
“Más del 90 % de las sugerencias recibidas en las vistas públicas fueron acogidas, ponderadas e incorporadas al proyecto”, afirmó Díaz.
Revisión del régimen sancionador
Uno de los puntos más cuestionados fue el régimen de sanciones. El texto original incluía al propietario en los artículos punitivos. Según Díaz, esto fue un error, ya que el dueño no ejecuta desalojos ni procedimientos judiciales, sino sus abogados.
Ese punto fue corregido. Ahora se remite a la Ley de Fuerza Pública, que ya contempla sanciones específicas para los actores legales que incumplan los procesos judiciales.
Hasta cinco años de cárcel por desalojo irregular
El artículo 51 del proyecto en discusión establece penas de hasta cinco años de prisión si un desalojo se realiza sin agotar el trámite judicial. La sanción alcanza al propietario, abogado o alguacil que actúe fuera del marco legal.
Este artículo generó amplio rechazo entre representantes del sector privado, quienes consideran excesivas esas penas en un contexto de inseguridad jurídica.
Hacia una ley más equilibrada
Con las modificaciones, los legisladores buscan una norma que proteja tanto al arrendador como al inquilino. Al mismo tiempo, intentan no frenar la inversión ni la oferta de vivienda en alquiler.
La comisión continuará con las revisiones antes de someter el proyecto a una segunda lectura en el hemiciclo.
