RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- De acuerdo con un artículo de Dusan Piña Valenzuela, el retiro del proyecto de modernización fiscal del Congreso, anunciado hace más de un mes por el presidente Luis Abinader, dejó más preguntas que respuestas sobre el futuro financiero del país.
La ausencia de un plan alternativo ha generado críticas y preocupación, destacando la urgencia de una reforma fiscal para el bienestar del país.
El proyecto original, que buscaba recaudar RD$122,486.6 millones anuales, contenía múltiples medidas que habrían afectado de manera desproporcionada a la clase media y a los sectores más vulnerables.
Entre ellas, impuestos a la canasta básica, incrementos en el impuesto sobre activos y nuevas tasas para servicios digitales y bienes de consumo como bebidas alcohólicas y azucaradas.
“Era necesario más diálogo y una visión más realista. Parecía que el gobierno asumió que los ciudadanos aceptarían esta reforma sin cuestionamientos, lo cual era una lectura equivocada de la realidad”, apunta Piña.
A pesar de las críticas, el verdadero problema no radica únicamente en los errores del proyecto retirado, sino en la falta de un plan B.
Si bien algunos sectores sugirieron la destitución de funcionarios responsables del proyecto, Piña considera esta medida desproporcionada. “El problema no era destituir, sino presentar opciones viables para una reforma fiscal que el país necesita urgentemente”, señala el autor.
Sin nuevos recursos, el país enfrenta limitaciones significativas en áreas esenciales como salud, educación, seguridad ciudadana y transformación de la Policía Nacional. Sin embargo, cualquier reforma debe evitar cargar el peso fiscal sobre los sectores más vulnerables y en su lugar enfocarse en medidas más sostenibles, como el combate a la evasión y la revisión de incentivos tributarios.
“Eliminar impuestos que afectan directamente a la clase media y trabajadora, como el 18% a la canasta básica o el aumento del impuesto a la propiedad inmobiliaria, habría sido un primer paso hacia una reforma más aceptable”, sostiene Piña.
La solución, según Piña, pasa por diseñar una reforma con visión a largo plazo, que equilibre justicia fiscal con sostenibilidad. Esto implica un diálogo abierto entre el gobierno y los diferentes sectores sociales, económicos y políticos.
El presidente Luis Abinader enfrenta ahora el desafío de proponer una reforma que no solo recaude los recursos necesarios, sino que también logre el consenso social y político indispensable para su aprobación.
Y como concluye Piña “La República Dominicana necesita una reforma fiscal, pero también necesita que esta sea justa, sostenible y consensuada. El reto sigue estando sobre la mesa”.
