RDÉ DIGITAL, WASHINGTON.- Estados Unidos ampliará desde el 18 de septiembre de 2026 los criterios para evaluar ciertas solicitudes de residencia permanente. La medida permitirá a los funcionarios migratorios determinar si un solicitante podría convertirse en una “carga pública” .
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la nueva política. A partir de ahora, los funcionarios podrán valorar las circunstancias generales de cada solicitante.
Entre los factores estarán la edad, la salud y la situación familiar. También se tomarán en cuenta los recursos económicos, la educación y las habilidades.
Además, las autoridades podrán considerar el posible uso de determinados programas de asistencia pública. El objetivo es determinar si el inmigrante cuenta con recursos suficientes para mantenerse sin depender de manera significativa del Estado.
¿A quiénes afectará la medida?
La nueva política alcanzará más de 20 categorías de trámites migratorios. Entre ellas figuran solicitudes de ajuste de estatus y residencia permanente.
Asimismo, estarán incluidos cónyuges de ciudadanos estadounidenses. También se aplican a prometidos, hijos y padres de ciudadanos.
La medida contempla, además, a inversionistas y trabajadores religiosos. Los miembros de las Fuerzas Armadas también forman parte de las categorías señaladas por USCIS.
Sin embargo, recibir asistencia pública no significa automáticamente que una persona sea considerada una carga pública. La evaluación dependerá de las circunstancias particulares de cada caso.
Beneficios públicos bajo mayor revisión
Entre los programas que podrían ser considerados están SNAP y Medicaid . Las autoridades analizarán estos elementos dentro de una evaluación más amplia.
Por otro lado, la nueva política ha generado preocupación entre los inmigrantes en Estados Unidos. Residentes legales y solicitantes temen que sus condiciones económicas tengan mayor peso en futuros trámites.
En Nueva York, las autoridades recuerdan que los inmigrantes con dudas pueden buscar orientación legal. Para ello, está disponible la línea de asistencia 1-800-354-0365 .
La entrada en vigor de la norma será el 18 de septiembre . Por tanto, quienes tengan procesos migratorios pendientes deberán revisar cómo los nuevos criterios podrían afectar sus solicitudes.
