RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Gobierno de Estados Unidos estudia imponer una tasa de 100,000 dólares a los estudiantes extranjeros que permanezcan trabajando en el país tras graduarse mediante el programa de Instrucción Práctica Opcional (OPT).
La propuesta fue impulsada durante la administración del presidente Donald Trump. Además, continúa bajo evaluación en el Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, todavía no cuenta con la aprobación definitiva de la Casa Blanca.
Según informó The Wall Street Journal, aún no se ha definido quién asumiría el costo. Por lo tanto, las autoridades analizan si el pago corresponderá a los estudiantes internacionales o a los empleadores.
Programa OPT enfrenta posibles cambios
El programa OPT permite que estudiantes extranjeros trabajen en Estados Unidos en empleos relacionados con su formación. Asimismo, autoriza una permanencia laboral de hasta un año después de completar sus estudios.
Los graduados de carreras STEM pueden extender ese período por otros 24 meses. De esta forma, el permiso puede alcanzar un máximo de tres años.
Además, el Gobierno anunció recientemente que los estudiantes deberán solicitar una extensión de sus visas para utilizar el programa. Hasta ahora, esos permisos estaban vinculados a la duración de los estudios y al período de trabajo autorizado.
Seguridad Nacional analiza nuevas regulaciones
De acuerdo con The Wall Street Journal , el Departamento de Seguridad Nacional prepara nuevas normas para el programa OPT. En consecuencia, se espera que la propuesta sea presentada antes de finalizar este año.
Según los datos más recientes, unas 419.000 personas trabajaron legalmente en Estados Unidos bajo este programa durante 2024.
Por otro lado, la posible tasa de 100.000 dólares se suma a otras iniciativas para soportar las políticas migratorias. Además, surge después de que una propuesta similar para las visas H-1B fuera bloqueada por un tribunal de apelaciones.
Finalmente, la medida sigue en discusión dentro del Gobierno estadounidense. Mientras tanto, las autoridades no han decidido si será aprobado ni quién deberá asumir el pago en caso de entrar en vigor.
