RDÉ DIGITAL, EE.UU.- El gobierno de Estados Unidos inició este jueves una nueva política que restringe la compra de refrescos y dulces con beneficios del programa SNAP. La medida aplica en cinco estados y busca modificar los hábitos de consumo de los beneficiarios de ayuda alimentaria.
Asimismo, los estados de Indiana, Iowa, Nebraska, Utah y Virginia Occidental comenzaron a implementar las exenciones. Además, la decisión forma parte de un plan más amplio que podría extenderse a al menos 18 estados.
Estados afectados y alcance de la medida SNAP
Por otro lado, las restricciones varían según cada jurisdicción estatal. En ese sentido, algunos estados prohíben refrescos y bebidas azucaradas, mientras otros incluyen dulces y bebidas energéticas.
Asimismo, Iowa aplica una de las medidas más amplias, al incluir alimentos gravables y ciertos productos preparados. Además, se estima que cerca de 1,4 millones de personas están impactadas inicialmente.
Argumentos del Gobierno y objetivos de salud pública
En otro orden, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., defendió la iniciativa. Además, afirmó que el sistema no debe financiar productos que contribuyen a enfermedades crónicas.
Asimismo, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, respaldó la política como una reforma necesaria. Por otro lado, el objetivo central es reducir obesidad y diabetes vinculadas al consumo de azúcar.
Reacciones y críticas de expertos y sectores comerciales
Sin embargo, expertos en salud y la industria minorista han expresado preocupación. En ese sentido, advierten posibles fallos técnicos y mayor complejidad en las compras.
Asimismo, la Federación Nacional de Minoristas prevé largas filas y confusión en las tiendas. Además, organizaciones sociales señalan que los cambios podrían aumentar el estigma hacia los beneficiarios.
Impacto económico y cambios en el programa SNAP
Por otra parte, informes del sector comercial estiman altos costos de implementación. Asimismo, se proyectan gastos superiores a los mil millones de dólares en adaptación de sistemas.
Finalmente, las exenciones tendrán una duración inicial de dos años, con posibilidad de extensión. Además, cada estado deberá evaluar el impacto de la medida en la salud y el consumo.
