RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La aprobación, el pasado 1 de julio, por parte del Senado de Estados Unidos del proyecto de ley “One Big Beautiful Bill Act”, con un impuesto del 1 % a las remesas enviadas por inmigrantes, representa una amenaza directa al sustento de millones de familias en América Latina y, especialmente, en la República Dominicana.
Aunque la tasa gravable fue suavizada (pasando de un 3.5 % inicialmente propuesto a un 1 %), el impacto económico, social y político sigue siendo profundo, y exige respuestas inmediatas desde los países afectados.
¿Qué dice la nueva ley?
La legislación aprobada impone un impuesto del 1 % sobre remesas en efectivo, giros postales y cheques de cajero enviados por personas sin ciudadanía estadounidense o residencia permanente. Se excluyen —por ahora— las transferencias realizadas desde cuentas bancarias o tarjetas de crédito emitidas en EE. UU., aunque aún se espera una reglamentación más clara por parte del Departamento del Tesoro.
Este gravamen forma parte de un amplio paquete de medidas impulsadas por el expresidente Donald Trump y sectores conservadores del Partido Republicano, con el objetivo de financiar el control fronterizo y limitar los beneficios económicos que —según ellos— perciben los inmigrantes sin aportar “lo suficiente”.
¿Por qué debe preocupar a República Dominicana?
Porque, más allá del debate ideológico, las cifras son contundentes:
- Más del 83 % de las remesas que recibe RD provienen de EE. UU.
- En 2024, el país recibió más de US$10,000 millones en remesas, lo que representa aproximadamente el 8 % del PIB.
- Cada año, más de 1.5 millones de dominicanos en el exterior envían dinero regularmente a sus familias.
Un impuesto del 1 % podría representar una pérdida de hasta US$100 millones anuales si se reduce el flujo de remesas o se desincentivan los envíos frecuentes.
Pero el daño no es solo financiero. Afecta la vida diaria de millones de hogares dominicanos que dependen de ese dinero para pagar vivienda, alimentos, salud, educación y emprendimientos pequeños. En zonas rurales y comunidades de bajos ingresos, las remesas son el principal motor de subsistencia.
¿Un incentivo a la informalidad?
Uno de los riesgos más serios de esta legislación es el traslado de las remesas a canales informales. En lugar de utilizar instituciones reguladas como bancos o empresas de transferencias, muchos migrantes podrían optar por métodos menos trazables: envío de efectivo por terceros (“mulas”), criptomonedas, transferencias vía aplicaciones sin supervisión financiera.
Esto tendría tres consecuencias graves:
- Aumento del lavado de activos y reducción del control estatal sobre las divisas.
- Pérdida de información económica clave para la política pública en RD.
- Desprotección del remitente y del receptor, al quedar fuera del sistema bancario.
Un golpe a los más pobres
El impuesto actúa como un mecanismo regresivo: afecta más a quien menos tiene. Mientras las grandes empresas pueden mover capital sin penalizaciones similares, los trabajadores inmigrantes verán gravada su solidaridad familiar.
Este tipo de medidas fortalece una narrativa que criminaliza al inmigrante, lo reduce a una carga y lo convierte en blanco electoral. Pero omite que, en su mayoría, los migrantes:
- Trabajan en sectores esenciales (construcción, limpieza, salud, agricultura).
- Pagan impuestos indirectos y, en muchos casos, también retenciones laborales.
- Contribuyen al consumo interno y a la estabilidad del dólar.
¿Qué puede (y debe) hacer República Dominicana?
La pasividad no es una opción. La nueva legislación estadounidense plantea desafíos que exigen una respuesta diplomática, económica y social estratégica:
- Acción diplomática inmediata:
El Gobierno dominicano debe elevar su voz en foros internacionales, como la OEA y la CELAC, y buscar alianzas con México, Centroamérica y el Caribe para presentar objeciones multilaterales ante EE.UU. - Reforzar la inclusión financiera de los migrantes:
Promover convenios entre bancos dominicanos y corresponsales en EE. UU. para facilitar el uso de cuentas bancarias (las únicas exentas del impuesto) y reducir comisiones. - Ampliar la inversión en comunidades receptoras de remesas:
Si se prevé una caída del ingreso, debe planificarse compensación en políticas sociales, educación técnica y financiamiento para pequeños negocios. - Campaña informativa para la diáspora:
El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) deben informar, orientar y proteger los derechos de los migrantes ante esta nueva legislación.
No es solo un impuesto: es una señal
El impuesto del 1 % a las remesas no es simplemente una decisión tributaria. Es una señal política de desdén hacia las comunidades migrantes. Es, también, un recordatorio de cuán vulnerable es una economía que depende tanto de factores externos.
Y es, sobre todo, un llamado a fortalecer nuestros vínculos con la diáspora no solo como fuente de divisas, sino como ciudadanos con plenos derechos, responsabilidades y dignidad.
