RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Cámara de Cuentas de la República Dominicana entregó a la Procuraduría General de la República una extensa lista con los nombres de congresistas, funcionarios electos, salientes y designados que, desde 2014 hasta abril de 2025, no han cumplido con la obligación legal de presentar su declaración jurada de patrimonio, en clara violación a lo establecido en la Ley 311-14.
La comunicación oficial fue dirigida el pasado 25 de abril a la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso Gómez, y está firmada por Emma Polanco Melo, presidenta de la Cámara de Cuentas.
Omisiones de alto perfil en el Congreso Nacional
El informe detalla que tanto funcionarios en ejercicio como exfuncionarios han incumplido con la entrega de esta declaración, indispensable para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio público.
Entre los omisos se encuentran destacados legisladores del Senado como Héctor Acosta “El Torito”, Julito Furcal Encarnación, Antonio Manuel Tavéras Guzmán y Dagoberto Rodríguez Adames. En la Cámara de Diputados, figuran la diputada del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Margarita Cedeño, y el reelecto diputado Ramón Emilio Gori Tavárez, conocido como Sergio “Gory” Moya. También están en la lista exdiputados de larga trayectoria como Radhamés Camacho Cuevas y Rafaela Alburquerque.
Tres categorías de incumplimiento
El expediente entregado clasifica a los funcionarios en tres grupos:
- Electos entre 2024 y abril de 2025 que no han presentado su declaración dentro del plazo.
- Designados o cesantes en ese mismo período que igualmente están en mora.
- Funcionarios que presentaron la declaración de forma tardía, situación que también constituye una falta según el artículo 13 de la Ley 311-14.
Emma Polanco Melo advirtió que la lista se basa en la información disponible hasta el momento, por lo que no se descarta que existan otros casos pendientes de inclusión. “Estamos en proceso de recabar más datos para remitirlos a la mayor brevedad posible”, señaló en la misiva.
Contexto y relevancia
Esta acción llega en un momento en que sectores sociales y organizaciones exigen mayor fiscalización, transparencia y sanciones efectivas contra la corrupción en la administración pública dominicana.
La Ley 311-14, promulgada en agosto de 2014, obliga a todos los funcionarios públicos a presentar su declaración jurada de bienes al asumir, cesar o ratificarse en su cargo, como medida para prevenir actos de corrupción y conflictos de interés.
La remisión de este expediente representa uno de los esfuerzos más amplios en la última década para fortalecer el control patrimonial y la rendición de cuentas en el país.
Para consultar el informe completo de la Cámara de Cuentas, puede acceder al siguiente enlace:
Informe Cámara de Cuentas – Declaraciones Juradas
