mayo 8, 2025
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El Pacto de Estado propuesta por Miriam Germán Brito tiene posiciones a favor y en contra

RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.-La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, propuso ayer hacer un Pacto de Estado para poder solucionar el problema penitenciario que existe en el país y que se ha agravado tras el incendio en la cárcel de la Victoria donde perdieron la vida 13 reclusos.

Sin embargo, esta propuesta ha encontrado posiciones a favor y en contra tanto de juristas como de funcionarios de varias entidades.

A favor del Pacto se encuentra la Fundación Institucionalidad y Justicia -FINJUS- que, su vicepresidente ejecutivo, Servicio Tulio Castaños Guzmán, dijo estar de acuerdo con la propuesta de Germán Brito.

Adelantó que en el mismo no solo deben participar todas las instituciones del sistema de justicia, sino que se deben integrar también el Poder Ejecutivo, la academia, entidades estatales que vienen tratando el tema del sistema penitenciario desde hace décadas.

“Lo que propone la procuradora no solo es oportuno, sino que de una u otra forma la magistrada está tratando de tomar en cuenta otras instituciones que pueden aportar en esta ocasión a la solución del problema”, manifestó el jurista.

Dijo que no solo se deben evaluar las condiciones de la cárcel de Las Parras, sino ver cómo solucionar el sistema penitenciario en sentido general, entre ellos formar los agentes penitenciarios que sean necesarios.

Propuso segregar los presos preventivos de los que son condenados, evaluar la población carcelaria en sentido general, ver cómo los jueces de la ejecución de las penas pueden descargar el sistema, tomando en cuenta los que hayan cumplidos las penas o los que no hayan presentado acusación.

Castaño Guzmán dijo que llegó la hora de que se pueda dar el salto al nuevo modelo penitenciario y que se comience a implementar la ley que se aprobó en el 2001, que reformula el sistema penitenciario en el país, aunque ya se tiene la norma, se tiene que promulgar los reglamentos, y desmontar lo que no sirve como es el modelo tradicional.

Servicio Tulio consideró que la Reforma trae consigo múltiples inversiones y que la propuesta de la procuradora tiene que evaluarse para saber el costo, para que sea incluida en el presupuesto complementario el año próximo.

Mientras que Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, consideró que se han hecho demasiadas comisiones, pactos y gabinetes.

Dijo trabajará con el equipo designado en el seguimiento de la reforma penitenciaria, tanto estructural como un programa responsable y efectivo de reeducación y reinserción para los privados de libertad.

“Jamás una sentencia ha establecido que los internos estén en un infierno en las cárceles dominicanas, ya está bueno dé discursos vacíos, es hora de decirle a la sociedad dominicana que vivimos en un estado social y derecho, esto se debe manifestar en cómo un país trata a sus presos”, adujo Valentín Santos.

Señaló que la constitución no es de ahora, sino desde el año 1844, y que todas han hablado sobre el respeto a la dignidad de las personas, y es lo que menos se aplica en las cárceles del país.

Agregó que el fracaso que se ha tenido en tema de prisiones ha sido responsabilidad de sus incumbentes.

Manifestó que “ha habido muy poca sensibilidad y compasión respecto a las condiciones carcelarias en el país”.

Valentín Santos dijo que no solo es voluntad que hace falta, es determinación, y que, a su esperanza, es que el equipo que ha formado el presidente Luis Abinader tenga el respaldo necesario para de una vez y por “todas esas pocilgas de cárceles que hay ya sea historia patria”.

En tanto, Manuel María Mercedes Medina, afirmó que la propuesta planteada por la Procuradora, no tiene razón de ser para resolver una crisis que se le había advertido “y que ellos mismo provocaron haberla profundizado”.

“Porque la Comisión de los Derechos Humanos entiende que es necesario un pacto para solucionar un problema que solamente hay que aplicar lo que establece la ley 113-20, para que un Pacto de Nación cuando lo que se tiene que hacer para resolver la crisis penitenciaria es aplicar la ley “, se preguntó el jurista.

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