RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El periódico El País, uno de los más influyentes de España, publicó este jueves un amplio reportaje sobre la crisis de seguridad vial en República Dominicana, ilustrado con la imagen de una familia de cuatro personas en un motoconcho.
Titulado “Un pacto nacional en República Dominicana para salvar más de 3.000 vidas al año”, el trabajo forma parte de la sección América Futura y destaca la urgente necesidad de transformar un sistema de tránsito marcado por la imprudencia, la falta de control y una creciente siniestralidad.
Con 3.114 muertes registradas en 2024, el país presenta una de las tasas de mortalidad vial más altas de la región (27 fallecidos por cada 100.000 habitantes) solo superado por Haití, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Uno de los momentos más impactantes del reportaje es el video en el que una niña estudiante es atropellada por un motociclista que circulaba en contravía, sin casco ni placa, justo después de que ella descendiera de un autobús escolar.
La escena fue difundida por la plataforma ciudadana @Accidentes_RD, creada por el ingeniero Aníbal Germoso, y refleja las fallas estructurales en la fiscalización del tránsito.
Abinader y el Pacto Nacional por la Seguridad
El presidente Luis Abinader ha calificado los accidentes como una “epidemia” y ha declarado la seguridad vial como asunto de alto interés nacional. Respaldado por la OPS, el Gobierno lanzó este año el Pacto Nacional por la Seguridad, un acuerdo firmado por 121 entidades públicas, privadas y de la sociedad civil, con el objetivo de reducir las muertes en un 15% anual hasta 2030.
Entre las medidas anunciadas figuran el aumento y cobro efectivo de las multas, la instalación de radares digitales, el fortalecimiento del control en las carreteras, y la modernización del equipamiento de los agentes de la Digesett, que actualmente suman 3.456 en todo el país. Durante 2024, se han emitido alrededor de dos millones de infracciones, pero muchas no se cobran o prescriben rápidamente, lo que debilita su efecto disuasorio.
Licencias de conducir
Otro eje del plan es la activación del sistema de puntos en las licencias de conducir, previsto desde hace años en la ley pero nunca implementado. También se han reactivado las pruebas de alcoholímetro, firmado acuerdos tecnológicos (como con la App Waze) y anunciado campañas como Una moto, un casco, para fomentar el uso de cascos certificados. Este último punto es crucial, considerando que los motoristas representan el 68% de las víctimas mortales.
El reportaje señala que apenas 10.827 motociclistas tienen licencia de conducir vigente, de un total de 3,5 millones de motos registradas en el país. A esto se suma un crecimiento descontrolado del parque vehicular —6 millones de vehículos para 11 millones de habitantes—, que crece seis veces más rápido que la población, según un estudio del psicólogo Nelson Carvajal.
La educación vial también forma parte del plan, aunque su inclusión obligatoria en el pénsum escolar, prevista para enero de 2025, aún está pendiente por falta de materiales didácticos. Mientras tanto, organizaciones civiles desarrollan campañas de concienciación en comunidades vulnerables, aunque el mayor reto sigue siendo la ejecución sostenida de políticas públicas.
Mejorar la atención hospitalaria ante accidentes
Según el Banco Mundial, el 42% de las víctimas mortales mueren en autopistas, y seis carreteras concentran una cuarta parte de las muertes, entre ellas la Autopista Duarte. Para mejorar la atención a las víctimas, el Gobierno ha fortalecido la red hospitalaria con equipos especializados y ha incorporado 120 ambulancias al sistema 911, con 200 más en camino.
El doctor César Roque, director del Hospital Darío Contreras, explicó que el 40% de las emergencias diarias provienen de accidentes de tránsito y que el 68% de los afectados son motoristas, muchos sin casco. Un estudio realizado en ese hospital en 2019 reveló que el 32% de los accidentados estaban bajo los efectos del alcohol o drogas.
Reportaje de El País
El País también documenta casos que reflejan la impunidad en accidentes mortales, como el de Aida Nicole Reyes, joven de 21 años que murió en febrero tras ser impactada por un vehículo presuntamente conducido por Raquel Guzmán, esposa del exdiputado Ruddy Frías.
La familia denuncia que la prueba de alcoholemia realizada tres horas después arrojó un nivel superior al permitido, pero no se admitió legalmente. Tampoco han podido acceder a los videos del suceso y, a la fecha, no hay fiscal asignado al caso.
Ante esta realidad, el Intrant anunció la creación de una unidad de atención a familiares de víctimas que ofrecerá apoyo legal y psicológico. Su director, Milton Morrison, subrayó que no basta con educar: es necesario aplicar un régimen de consecuencias.
Con el respaldo financiero de 150 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros aportes, el país apuesta a transformar una situación crítica en una política sostenible. “Por primera vez, contamos con un plan articulado, con metas claras y seguimiento”, afirmó Morrison a El País.
Para Aníbal Germoso, el desafío es que las medidas no queden en papel: “La sociedad está vigilante. La expectativa es que esta vez sí se cumpla, para que República Dominicana deje de ser un cementerio sobre ruedas”.
