RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Durante los últimos 25 años, la República Dominicana ha mantenido un patrón fiscal insostenible. Cada año, sin excepción desde el 2000 hasta el cierre del ejercicio fiscal 2024, el Sector Público No Financiero (SPNF) ha registrado déficits presupuestarios.
Este comportamiento no ha sido accidental, sino estructural y persistente, acumulando un saldo negativo de más de RD$2 billones, equivalentes a unos US$45,623 millones.
Más que una cifra, este resultado evidencia una política fiscal marcada por el desequilibrio entre ingresos y gastos, que ha sido cubierta casi exclusivamente a través del endeudamiento público.
El estudio del Centro de Estudios Económicos y Sociales de la PUCMM deja claro que el déficit promedio ha sido de -2.7 % del PIB durante el período 2000-2024, con un preocupante aumento absoluto de 51 veces desde el año 2000 hasta hoy.
Este déficit no es solo una manifestación contable, sino el reflejo de un modelo económico y político que ha postergado reformas estructurales imprescindibles y ha privilegiado soluciones de corto plazo financiadas con deuda.
El endeudamiento acumulado de US$54,343 millones, del cual el déficit explica el 84 %, ha elevado la carga de intereses en el presupuesto nacional, reduciendo el margen para inversiones productivas o gasto social estratégico. A esto se suma un sistema tributario ineficiente, con una presión fiscal real que apenas alcanza el 13.14 % del PIB, muy por debajo del potencial que debería rondar el 24 %.
Las causas están bien diagnosticadas: evasión y elusión tributaria masivas, exenciones fiscales excesivas y una administración pública que, a lo largo de los años, ha sacrificado disciplina fiscal en favor de prioridades políticas coyunturales.
Solo en 2024, se estima que el fisco dejó de percibir más de RD$474 mil millones por evasión del Impuesto sobre la Renta, y cerca de RD$290 mil millones por evasión del ITBIS. Esto equivale a más de un 10 % del PIB perdido por la incapacidad de recaudar de manera justa y eficiente.
A esto se suma una estructura de gasto que ha destinado más de RD$1.38 billones en subsidios y transferencias desde el año 2000, gran parte de ellos para cubrir déficits en el sector eléctrico, sociedades públicas no financieras y el Banco Central.
Se trata, en esencia, de un modelo donde el Estado compensa ineficiencias con recursos que no tiene, acumulando deuda en lugar de resolver problemas estructurales.
De cara al futuro inmediato (2026-2028), las necesidades presupuestarias alcanzarán el 22 % del PIB, una carga fiscal de gran magnitud en un contexto donde el espacio presupuestario se ha ido cerrando. Esto hace urgente una reforma fiscal integral, progresiva y técnicamente bien orientada.
Las propuestas del estudio apuntan a simplificar y hacer más justo el sistema tributario, reducir exenciones y privilegios, mejorar la eficiencia del gasto, fortalecer las reglas fiscales y rediseñar el aparato estatal para hacerlo más funcional y menos dependiente del endeudamiento.
La sostenibilidad fiscal no es una meta abstracta, sino una condición necesaria para preservar la estabilidad macroeconómica, impulsar el desarrollo y garantizar derechos sociales básicos. Persistir en el actual modelo deficitario solo compromete el futuro económico del país y agrava las desigualdades sociales.
El momento de actuar es ahora. La disciplina fiscal, la justicia tributaria y la calidad del gasto público no pueden seguir esperando. Porque cada año perdido en esta reforma estructural representa más deuda, menos inversión pública, más vulnerabilidad y menos desarrollo sostenible.
