RDÉ DIGITAL, EL SALVADOR– El sistema judicial salvadoreño comenzó este lunes el primer juicio masivo contra la estructura de mando de la Mara Salvatrucha Entre los acusados figuran integrantes de la “ranfla”, considerada la máxima jerarquía de la organización, así como cabecillas territoriales y fundadores.
Miles de delitos atribuidos
Según la Fiscalía General, a los 486 imputados se les atribuyen más de 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022. De ese total, unos 29,000 corresponden a homicidios.
Además, el Ministerio Público señala que la estructura criminal ordenó la muerte de 87 personas en un solo fin de semana en marzo de 2022.
Contexto de la ofensiva gubernamental
Ese episodio desencadenó la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele, basada en un régimen de excepción. Desde entonces, más de 91,000 personas han sido detenidas en el marco de la denominada “guerra contra las pandillas”.
Las autoridades sostienen que estos grupos llegaron a controlar hasta el 80 % del territorio nacional.
Acusaciones por control territorial
La Fiscalía también imputa el delito de rebelión. Según el expediente, la pandilla buscaba mantener control territorial para establecer un “estado paralelo”.
Esto, de acuerdo con las autoridades, atentaba contra la soberanía del país.
Audiencia y proceso judicial
En esta fase inicial, 413 acusados comparecen de forma virtual, mientras que 73 están prófugos y serán juzgados en ausencia.
Más de 250 imputados permanecen recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), considerado la principal megacárcel del país. La Fiscalía afirmó que cuenta con pruebas suficientes para solicitar penas máximas.
Críticas de organismos internacionales
Organizaciones como Human Rights Watch y Cristosal han cuestionado el proceso.
Advierten sobre el riesgo de condenas sin individualización de responsabilidades y denuncian posibles violaciones a derechos humanos.
Impacto histórico
Las pandillas, surgidas en Los Ángeles en los años 90, han sido responsables de violencia sostenida en El Salvador durante más de tres décadas.
Según cifras oficiales, estos grupos habrían causado unas 200,000 muertes, incluyendo personas desaparecidas.
El juicio representa un proceso sin precedentes en la historia judicial salvadoreña, en medio de una política de seguridad que genera respaldo interno, pero también cuestionamientos internacionales.
