RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, ha propuesto una reforma de Modernización Fiscal que incluye la eliminación de la deducción de gastos educativos del Impuesto sobre la Renta (ISR), vigente desde hace 15 años bajo la ley 179-09.
Este cambio fue presentado el pasado 8 de octubre en la Cámara de Diputados por el ministro de Hacienda, José Manuel Vicente.
La ley actual permite a las personas físicas, excluyendo a los negocios de único dueño, deducir los gastos educativos de sus dependientes no asalariados, incentivando así la educación básica, media, técnica y universitaria.
Esta deducción, promulgada durante el gobierno del expresidente Leonel Fernández, tiene como objetivo incentivar a las empresas a ofrecer retribuciones complementarias a empleados de menores ingresos.
La reforma fiscal, que busca aumentar los ingresos del Estado en aproximadamente 122,000 millones de pesos anuales, también incluye incrementos de impuestos al alcohol y a la renta, así como la ampliación del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (Itbis).
La eliminación de exenciones tributarias afectará a sectores como la industria textil y el cine, y se modificarán los incentivos para la instalación de industrias en la zona fronteriza.
Las propuestas fiscales también prevén un aumento progresivo del impuesto sobre la renta para los ingresos superiores a 200,000 pesos mensuales, alcanzando hasta el 27 %.
Además, se establecerá la obligación de presentar declaración jurada anual para trabajadores con ingresos superiores a 624,329 pesos anuales, sin posibilidad de deducción por gastos educativos.
En cuanto al Itbis, solo estarán exentos los insumos de pecuaria y algunos productos básicos, como pan, arroz y pollo. Asimismo, se implementarán impuestos específicos para bebidas alcohólicas y se eliminarán las exoneraciones de vehículos a legisladores.
Con estas reformas, el gobierno espera recaudar un 1.5 % adicional del PIB, que equivale a 122,486.6 millones de pesos, buscando así mejorar la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones fiscales.
