RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Eliminar los vertederos a cielo abierto en República Dominicana sigue siendo un desafío para las autoridades, quienes establecieron en diciembre de 2021 el Fideicomiso Público-Privado para la Gestión Integral de Residuos con el fin de lograr este objetivo.
Por eso, entró en vigencia la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, número 225-20, que fijaba plazos para clausurar todos los vertederos en un plazo de 30 días, que suman al menos unos 240 en todo el país. Sin embargo, la basura y la contaminación siguen siendo motivo de preocupación para los residentes en varios municipios.
Para el ecologista Luis Carbajal, con más de cuatro décadas en movimientos ambientales, la mencionada ley tiene tres deficiencias fundamentales. Apuntó que una de ellas otorga el control financiero a uno de los sectores que más residuos sólidos produce. Además, sostiene que duda que haya más de 10 vertederos en todo el territorio nacional reconvertidos para su revalorización.
“La ley otorgaba al Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) capacidad de veto sobre la gestión financiera de los recursos, y recuerdo que cuando se aprobó la ley, fue el más criticado y combatido”, afirmó el ecologista. También señaló que, implementar la ley implica reorganizar los entornos urbanos del país, y que la mayoría de las reubicaciones de vertederos enfrentan problemas por el rechazo social.
“No creo que ni el 90 % de los residuos estén siendo manejados para 2025 bajo la ley, ni que para 2027 el 90 % de los vertederos estén siendo manejados técnica y científicamente como se espera, dado el ritmo actual y las necesidades financieras. Es una meta muy lejana”, concluyó Carbajal.
Incluso el presidente Luis Abinader, durante una conferencia de prensa el año pasado, afirmó que si el trabajo continúa en la misma línea, no habrá más vertederos.
Mientras tanto, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, y el director del Fideicomiso, Paíno Henríquez, aseguran que el país superaría la meta gubernamental en disposición final y manejo adecuado de residuos sólidos para 2024, pasando de un planificado 40 % a un ejecutado 65 %, para un total de 9,750 toneladas diarias.
La primera etapa, que se llevaría a cabo durante el período 2022-2023, tendría un costo total de 13,290 millones de pesos y se pretende eliminar cerca de 90 vertederos a cielo abierto.
Algunas de las demarcaciones intervenidas hasta ahora son Los Pomos del municipio Tenares, Dajabón, Tamboril, Moca, San Francisco de Macorís, Baní y Cancino.
Entre los objetivos específicos del Fideicomiso está operar y gestionar el fondo destinado a la gestión integral de residuos sólidos, a la operación de estaciones de transferencia, vertederos y rellenos sanitarios, así como el cierre de vertederos a cielo abierto, según lo establecido en la ley.
Consciente del impacto negativo de estos vertederos, el difunto ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, en ese momento calificó el proyecto como un hecho histórico, ya que el problema afectaba prácticamente a todo el territorio nacional y tenía graves repercusiones en la salud.
“Este día es histórico en la República Dominicana. Por primera vez, el Estado dominicano se enfrenta plenamente a uno de los problemas ambientales más graves que afecta a todos los dominicanos: los vertederos a cielo abierto, que prácticamente se encuentran en todo el territorio nacional, con secuelas en la salud y en la contaminación ambiental tanto en la tierra como en los ríos y en el mar”, afirmó Jorge Mera en ese entonces.
