RDÉ DIGITAL, VENEZUELA (EFE).- El Parlamento de Venezuela, bajo el control del chavismo, aprobó recientemente una ley que establece penas de hasta 30 años de prisión, multas millonarias y 60 años de inhabilitación política a quienes promuevan sanciones extranjeras contra el gobierno o funcionarios públicos.
La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista de la República Bolivariana de Venezuela fue impulsada en respuesta a las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países, y busca, según el presidente Nicolás Maduro, “defender a Venezuela” de lo que considera bloqueos impuestos por el imperialismo norteamericano.
El abogado y experto en derecho constitucional, Óscar Arnal, expresó su preocupación sobre la ley, indicando que la inhabilitación política de 60 años, junto con las penas penales, constituye un “contrasentido” y una violación de principios fundamentales del derecho, como la proporcionalidad de las penas. Además, cuestionó la legalidad de juzgar a las personas en su ausencia, algo que la ley permitiría en caso de que los acusados no se presenten a las audiencias.
Una de las disposiciones más criticadas es la creación de un registro para incluir a aquellas personas que puedan ser consideradas responsables de actividades contrarias a los “valores y derechos irrenunciables del Estado”.
La relatora especial de la ONU para la Libertad de Asociación, Gina Romero, expresó su preocupación al señalar que este artículo podría utilizarse para perseguir a activistas y organizaciones de la sociedad civil.
“Estas legislaciones vagas y ambiguas podrían ser utilizadas como una herramienta de control contra el disenso y la libertad de expresión”, señaló Romero.
La ley también contempla multas de hasta un millón de euros para quienes promuevan sanciones extranjeras, lo que podría impactar a personas y organizaciones que se oponen al gobierno venezolano. Arnal advirtió que este tipo de medidas vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluyendo el derecho a la defensa y el principio de igualdad ante la ley.
