RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Tras más de 180 días de haber sido promulgada, la nueva Ley de Contrataciones Públicas entra en vigencia este miércoles y sustituye por completo la normativa de Compras y Contrataciones aprobada en 2006.
La ley fue promulgada el 28 de julio de 2025 por el presidente Luis Abinader. Según informó Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, el reglamento de aplicación será publicado este martes.
La normativa es el resultado de una reforma estudiada en el Congreso desde 2021. Entre sus cambios principales, establece penas de hasta cinco años de prisión para funcionarios y legisladores que negocien con el Estado.
Además, las sanciones también alcanzan a empresarios y contratistas que incurran en actos de corrupción durante los procesos de contratación pública.
Sustituye ley sin sanciones penales.
La nueva legislación reemplaza la Ley 340-06, vigente desde 2006. Aunque esta prohibía que funcionarios se beneficiaran de contratos estatales, no contemplaba sanciones penales.
En cambio, solo establecía medidas administrativas, como la inhabilitación del cargo. Cualquier consecuencia penal quedaba sujeta a otras leyes.
Prisión para funcionarios y contratistas
El nuevo marco legal incluye un título penal. Este establece sanciones para quienes falseen información, participen en contratos prohibidos o incurran en tráfico de influencias.
En particular, el artículo 234 fija penas de dos a cinco años de prisión para funcionarios y legisladores que hagan negocios con el Estado. Asimismo, impone hasta 10 años de cárcel a contratistas que ofrezcan sobornos para obtener obras o servicios públicos.
Uso obligatorio de plataformas oficiales
Por otro lado, la ley dispone que las instituciones públicas deberán adquirir bienes y servicios a través de la Tienda Virtual del Estado, siempre que los productos estén disponibles en esa plataforma.
Solo podrán utilizar otros proveedores si demuestran mejores condiciones y cuentan con autorización de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Asimismo, se sancionará la división de contrataciones para evadir controles o evitar los procesos de licitación. En ese sentido, no se permitirán contrataciones separadas en un período de tres meses si corresponden al mismo tipo de bien o servicio.
Sistema electrónico obligatorio
La ley también institucionaliza el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas. Allí deberán registrarse todas las fases del proceso, desde la planificación hasta el cierre.
Cualquier contratación realizada fuera de ese sistema carecerá de validez legal y podrá ser sancionada.
Trámite legislativo
En noviembre de 2024, el presidente Abinader solicitó al Congreso acelerar la aprobación de la ley. Sin embargo, la iniciativa permaneció detenida durante varios meses en la Cámara de Diputados.
Finalmente, ocho meses después, ambas cámaras lograron un consenso. La ley fue aprobada y promulgada pocos días después. Ahora entra oficialmente en vigencia.
