RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– El Estado dominicano fue formalmente constituido como parte civil en el proceso judicial que investiga irregularidades en el contrato de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo. El expediente vincula al exdirector del Intrant, Hugo Beras, y al empresario José “Jochi” Gómez-Canaán, propietario de las empresas Transcore Latam y Aurix.
Proceso fue cuestionado desde el inicio
La solicitud fue depositada por abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, en nombre del Estado y del Intrant, ante la jueza Patricia Padilla, quien supervisa las diligencias encabezadas por la PEPCA.
El contrato fue adjudicado en 2023 por RD$1,300 millones a Transcore Latam. Desde un principio, el proceso fue cuestionado, ya que la empresa usó el nombre y datos de TransCore LP, firma estadounidense sin vínculos con ella.
Documentos no autorizados y cambios de proveedor
La adjudicación se presentó como parte de una licitación para un sistema inteligente de tráfico. Sin embargo, la documentación técnica no autorizada fue usada y proveedores no incluidos en el pliego original fueron incorporados.
Advertencias de seguridad fueron ignoradas
Antes de firmarse el contrato, el Intrant fue advertido por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sobre el riesgo de entregar el sistema a una empresa privada, al tratarse de un componente crítico para la seguridad nacional. Las advertencias no fueron atendidas y el contrato fue firmado en junio.
Denuncias derivaron en investigación penal
Posteriormente, una empresa local denunció a Transcore Latam por apropiación ilícita de información técnica, lo que motivó una investigación de la Dirección General de Contrataciones Públicas y la PEPCA.
El director Hugo Beras solicitó una licencia al avanzar las indagatorias. Otros exfuncionarios y empresarios también han sido implicados.
Estado busca recuperar fondos públicos
Con su inclusión en el proceso, el Estado aspira a recuperar recursos públicos presuntamente utilizados de forma fraudulenta.
