RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Estado dominicano deberá pagar RD$2,693.9 millones por 117,937.80 metros cuadrados de terrenos ubicados en el área de la avenida José Contreras, en el Distrito Nacional.
La decisión quedó firme luego de que el Tribunal Constitucional (TC) confirmara el fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que declaró perimido un recurso de casación presentado por la Dirección General de Bienes Nacionales.
La institución perdió la oportunidad de que la SCJ revisara la condena debido a una inactividad procesal durante tres años. Por tanto, el tribunal consideró que se cumplió la consecuencia establecida por la ley para este tipo de casos.
TC confirma la decisión de la Suprema Corte
La decisión está contenida en la sentencia TC/0771/26, emitida el 17 de agosto de 2026. El Tribunal Constitucional rechazó el recurso presentado por Bienes Nacionales contra la decisión de la Suprema Corte.
Sin embargo, el TC no determinó que la tasación de RD$2,693,994,196.50 fuera correcta. Tampoco analizó si las obras públicas realizadas en la zona debían formar parte del valor de los terrenos.
La institución había alegado que el monto establecido por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) era superior al valor que realmente correspondía pagar.
Bienes Nacionales cuestionó la tasación
Según Bienes Nacionales, el Poder Ejecutivo autorizó en el año 2000 la adquisición de 117,935.69 metros cuadrados por RD$35,380,707.
Posteriormente, la institución sostuvo que se formalizó un acto de venta por RD$36 millones. Además, indicó que el saldo pendiente ascendía a RD$30,576,279.20.
Ese monto, actualizado mediante el índice de variación de precios certificado por el Banco Central, alcanzaría RD$120,244,275.58, de acuerdo con el planteamiento presentado por la entidad estatal.
Asimismo, Bienes Nacionales cuestionó el avalúo utilizado por el TSA. Alegó que este incluyó obras construidas por el propio Estado, como calles, aceras, alumbrado público y edificaciones.
¿Por qué se perdió el recurso?
Bienes Nacionales presentó un recurso de casación contra la sentencia del TSA. No obstante, el proceso quedó inactivo durante tres años.
La institución intentó justificar la situación ante el Tribunal Constitucional. Argumentó que los abogados habían presentado un memorial de defensa relacionado con otros sucesores.
El TC rechazó esa explicación. Según la alta corte, Bienes Nacionales contaba con mecanismos legales para impulsar el procedimiento cuando los recurridos no presentaran su memorial de defensa.
En consecuencia, la Suprema Corte actuó conforme a derecho al declarar la perención del recurso de casación.
Terrenos fueron declarados de utilidad pública
Los terrenos fueron declarados de utilidad pública en 1988. El objetivo era facilitar la ampliación de la avenida José Contreras y realizar trabajos de embellecimiento en los farallones del Parque Mirador del Sur.
También se contempló la construcción de viviendas para personas desplazadas por esas obras. Actualmente, parte de los terrenos corresponde al Residencial José Contreras.
El magistrado Amaury A. Reyes Torres emitió un voto disidente. Sin embargo, su posición se centró en la admisibilidad del recurso constitucional y no en el monto de la indemnización.
Con la decisión del TC, queda confirmada la resolución de la Suprema Corte sobre la perención del recurso. En consecuencia, el Estado deberá afrontar la condena establecida por el TSA por RD$2,693.9 millones.
