RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– El Estado dominicano, junto a las distribuidoras EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, presentó una querella penal reclamando RD$50,000 millones en indemnización contra exfuncionarios y empresarios acusados de corrupción en el sector eléctrico mediante contratos fraudulentos y sobrevalorados.
Principales acusados y esquema de corrupción
La acción, depositada ante el Ministerio Público y suscrita por el licenciado Andrés Astacio Polanco, señala como principales acusados a:
- Jerges Rubén Jiménez Bichara
- Luis Ernesto de León Núñez
- Rubén Montás Domínguez
- Radhamés del Carmen Mariñez
- Julio César Correa
- Empresarios: Maxy y Gerardo Montilla Sierra, Juan Alexis Medina Sánchez y otros vinculados.
Según la querella, los acusados, en complicidad con funcionarios y comités de compras, favorecieron a más de 20 empresas mediante procesos amañados y contratos sobrevalorados entre 2012 y 2020, violando la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y generando pérdidas millonarias al Estado.
Petitorio de la querella
Los querellantes solicitan:
- Apertura formal de investigación penal.
- Medidas de coerción, incluidas prisiones preventivas y embargos.
- Nulidad de los contratos fraudulentos y persecución penal por delitos de estafa agravada, prevaricación, coalición de funcionarios, falsificación, soborno, asociación de malhechores y lavado de activos.
- Declaración de actor civil a favor del Estado y las distribuidoras, con indemnización provisional de RD$50,000 millones.
La querella fue presentada el 14 de junio de 2021 y elaborada por los abogados Miguel Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Güílamo, bajo instrucciones del Poder Ejecutivo.
Impacto económico y social
El esquema de corrupción provocó:
- Pérdidas multimillonarias en recursos destinados a equipos, expansión de redes y mejora del servicio.
- Proyectos inconclusos o nunca ejecutados.
- Mayor dependencia del subsidio eléctrico, aumentando la presión sobre el presupuesto nacional.
- Falta de acceso a obras prometidas para comunidades.
Además del daño financiero, la querella refleja un deterioro de la confianza pública en las instituciones del sector eléctrico.
