RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Termina este viernes el plazo de 30 días otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente a los ocupantes ilegales en el Monumento Natural Dunas de Las Calderas para que abandonen el lugar o presenten documentación que avalen los derechos que alegarían tener en el lugar.
La resolución 0005/2024 ordenaba, además, la paralización de los trabajos de construcción, trabajos agrícolas y tumba y quema de especies en esa área protegida.
La orden firmada por el pasado ministro Miguel Ceara Hatton se está abordando con diversas acciones y que incluyen planes con los gobiernos locales y las autoridades de la zona.
“A lo largo del tiempo había unos terrenos dentro de la zona núcleo (del área protegida) registrados a nombre del Ayuntamiento de Baní que se fueron vendiendo. El Ministerio tuvo que pedir históricos registrales desde que se inscribió la parcela por primera vez, en los años setenta y vio cómo la zona se ha ido afectando a lo largo de muchos años”, indicó la fuente.
Según la fuente que ofreció la información al Diario Libre, esta añadió que la solución que deben buscar las autoridades debe ser una entendiendo que la problemática se viene arrastrando desde hace décadas y que “se agravó durante la pandemia con muchos arrendamientos. Allí hay mucha gente que lo que tiene es un contrato de arrendamiento, es una situación compleja”.
Acciones en Salinas
La notificación hecha por el Ministerio fue entregada a los comunitarios de Salinas, localidad que se encuentra dentro del área protegida en un 40%.
“Los comunitarios han enviado cartas y documentaciones que demostrarían su derecho en el terreno. Esto incluye desde cuando están en la zona y contratos de arrendamiento”, sostuvo un lugareño, quien prefirió no ser identificado.
“Estamos hablando de un pueblo que tiene más de 500 solares, con pobladores originales, avalados por contratos de arrendamiento con el Ayuntamiento de Baní”, añadió.
Los comunitarios explicaron que se prevé que el Ministerio organice un encuentro con ellos, a los fines de debatir los próximos pasos en pro de una solución a la problemática.
Las autoridades dieron 30 días para que residentes en Salinas presenten documentación que demostraría los derechos que tienen en la zona
