RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, presidida por Gregorio Domínguez, inició el análisis de una reforma a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas. Esta iniciativa, impulsada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, busca fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado y establecer sanciones más severas contra la corrupción. Aprobada previamente en el Senado de la República, la propuesta ha comenzado su fase de revisión en la Cámara Baja.
Durante la reunión celebrada hoy, la comisión abordó distintas enmiendas que pretenden robustecer la legislación en torno a las contrataciones públicas. Entre las modificaciones más relevantes figuran la responsabilidad patrimonial, la clasificación de faltas para los funcionarios públicos y la implementación de sanciones penales para proveedores y empresas que cometan infracciones.
La propuesta de reforma incluye establecer una “responsabilidad patrimonial” para los funcionarios cuyas acciones u omisiones causen daños económicos al Estado, permitiendo a terceros afectados reclamar compensación por los perjuicios ocasionados. De igual manera, plantea un “régimen disciplinario para funcionarios públicos” que clasifica las faltas en distintos grados; mientras las faltas leves podrían implicar amonestaciones, las reincidencias y faltas graves podrían resultar en suspensiones sin sueldo o incluso la destitución del cargo.
En cuanto a las sanciones penales y administrativas, la reforma propone inhabilitaciones temporales y multas para los proveedores que infrinjan la ley, así como sanciones más rigurosas para funcionarios y personas jurídicas involucradas en actos de corrupción. Las penas de prisión para estos casos podrían llegar hasta los diez años.
Otro punto destacado es la “sanción por declaraciones falsas” en las contrataciones públicas, en la cual los proveedores que presenten información falsa en sus declaraciones juradas enfrentarán penas de prisión de uno a tres años. Además, el proyecto establece un “procedimiento disciplinario riguroso” aplicable a través de la Ley de Función Pública, garantizando un proceso de evaluación justo y transparente para las faltas detectadas.
El diputado Gregorio Domínguez subrayó que “esta reforma busca endurecer las penas por corrupción y robustecer el sistema de compras y contrataciones públicas, para asegurar el uso adecuado de los recursos del Estado y reforzar la transparencia”.
La comisión continuará evaluando estas propuestas en las próximas semanas, recabando también el aporte de diversos sectores interesados en fortalecer el marco normativo de las contrataciones públicas en el país.
