RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Defensor del Pueblo exhortó al Gobierno realizar una gestión cuidadosa y establecer regulaciones para controlar el aumento del parque vehicular en la República Dominicana.
Esta recomendación fue resultado del informe “Institucionalidad y Gobernanza en la Eficacia de las Políticas Públicas de Seguridad Vial”, que elaboró la entidad, donde se identifica el crecimiento del parque vehicular como un factor de riesgo por el incremento de las tasas de mortalidad por accidentes de tráfico en el país.
Entre las medidas de control sugeridas se incluyen controles más rigurosos en la emisión de nuevas licencias de conducir y la implementación de políticas que desalienten la adquisición excesiva de vehículos, como la mejora de los servicios de transporte público.
Para llevar a cabo este estudio, que se basó en el análisis de modelos económicos y de gobernanza tanto a nivel nacional como internacional, se compararon datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud para los años 2011, 2013 y 2016.
5,810,888 vehículos se registraron en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) hasta diciembre de 2023. Este total representa un aumento de 346,892 vehículos en comparación con 2022.
Se examinaron variables como la relación entre el ingreso per cápita y la reducción de la tasa de mortalidad por accidentes de tráfico; las diferencias significativas en las tasas de mortalidad entre los países de ingresos medios según su nivel de institucionalidad y gobernanza, y el aumento del parque vehicular de motocicletas.
“El ingreso nacional bruto (GNI) del país tiene una correlación negativa con la tasa de mortalidad por accidentes de tráfico por cada 100,000 habitantes. Según el modelo de efectos aleatorios, un aumento del 1 % en el GNI se asocia con una disminución promedio de 1.82 en la tasa de fallecidos. Por el contrario, un aumento del 1 % en el número de vehículos eleva esta tasa en 1.79”, explica.
Por ello, el Defensor del Pueblo recomienda promover políticas de seguridad vial adaptadas al contexto local, con enfoques que aborden las disparidades económicas en el desplazamiento, acceso al transporte y su asequibilidad.
Destaca que las normativas, como la legislación sobre modificaciones de vehículos y el índice de seguridad de vehículos importados, son instrumentos clave para reducir las tasas de mortalidad, por lo que considera necesario fortalecer y aplicar estrictamente estas regulaciones, así como implementar incentivos para la adquisición de vehículos más seguros.
“La institucionalidad es fundamental para garantizar la seguridad vial, al tiempo que la efectividad gubernamental y la gestión adecuada del crecimiento del parque vehicular sugieren reducciones significativas en las tasas de accidentes”, plantea.
El estudio resalta la conexión intrínseca entre la seguridad vial y la protección de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida y a la libre circulación.
“Promover y garantizar la seguridad vial establece una base esencial para el pleno disfrute de estos derechos, contribuyendo al desarrollo de sociedades más equitativas y pacíficas”, asegura.
