RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Según Julieta Tejada, exportavoz de la Procuraduría General de la República (PGR), las condiciones de las cárceles, consideradas del nuevo modelo, “que estaban operando medianamente bien, están hoy que no se sabe si son del viejo o nuevo modelo, con los mismos niveles de corrupción”.
Asevera que, dentro de los centros penitenciarios, se han cometido crímenes por la falta de seguridad y que “pertenecen al famoso nuevo modelo, que eso ya hoy no existe para nada”.
“Entonces, si ha habido un retroceso importante, en lo que se avanzó, fue en esta gestión de Gobierno”, concluye en la entrevista realizada en el programa Z101.
Desde abril de 2021, el país cuenta con un nuevo régimen carcelario, instaurado mediante la ley 113-21, que regula el sistema penitenciario y correccional, por la Procuraduría General de la República (PGR).
Aunque la Ley es poco conocida, fue aprobada en el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo en tres meses, entre febrero y abril de 2021. Deroga la antigua ley 224, del 26 de junio de 1984.
Esta Ley crea una nueva estructura. Unifica el sistema penitenciario, que había estado funcionando en dos modelos, uno que regenteaba solo los centros de corrección y rehabilitación, y otro que dirigía las cárceles tradicionales, a través de la Dirección de Prisiones. Funcionaban separados, como dos cuerpos, aunque ambos dependían directamente de la Procuraduría.
Esto incluía la mejora de las condiciones de habitabilidad y dignificación de la calidad de vida de los privados de libertad. Para 2023, un articulo publicado por la PGR decía que la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) trabajaba en el embellecimiento, higienización y remozamiento de las áreas que han sido afectadas por el tiempo de construcción de las infraestructuras de los centros penitenciarios a nivel nacional.
Supuestamente, los trabajos se llevaron a cabo por instrucciones de Roberto Hernández Basilio, director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, quien, mediante un plan de trabajo que incluía un programa dirigido a los encargados de las áreas y directores de los centros, consideró la necesidad de mantener higienizados y adecuados los recintos penitenciarios, por la salud, tanto del personal que trabaja en ellos, como de los privados de libertad, lo que además repercutirá en la buena imagen institucional.
