RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) se encuentra en el centro de una polémica tras las declaraciones de Marcos Valerio de la Cruz, un extrabajador que asegura haber presenciado irregularidades en la entidad y denuncia represalias por intentar revelarlas.
Legisladores de distintas bancadas solicitaron explicaciones a la institución y al director de la OGTIC, Bartolomé Pujals, quien también ha sido cuestionado por un contrato de arrendamiento multimillonario.
En una entrevista con Somos Pueblo, Valerio detalló varias situaciones irregulares, incluyendo su ascenso de “auxiliar de servicios generales” a “técnico en documentación”, con un aumento de salario del 66 %, de 30,000 a 50,000 pesos, después de que aceptara grabar a un compañero de trabajo por órdenes de superiores, una tarea que, según él, fue solicitada por Diana Rivas, entonces directora de gabinete de la OGTIC.
Este cambio, confirmó que la nómina de la entidad se hizo efectivo en noviembre de 2023.
Valerio también afirmó que dentro de la OGTIC se sobrevaluaban contratos y que los proveedores eran seleccionados de manera arbitraria para beneficiar a personas cercanas a la institución. Entre sus acusaciones más serias, mencionó la presunta venta ilegal de armas dentro de la institución, implicando a miembros del equipo de seguridad.
Además, señaló que diariamente transportaba comidas de alta gama como salmón y mero desde la Presidencia para el uso del centro de datos de la institución, lo cual consideró un despilfarro de recursos públicos.
Tras sus denuncias, Valerio indicó haber recibido amenazas de un teniente coronel a cargo de la seguridad, quien le advirtió que enfrentarían “problemas” si continuaba exponiendo estas prácticas sin consultarle.
Finalmente, fue despedido en abril de 2024, según la OGTIC, por presunto robo de botellones de agua, lo que Valerio calificó como un montaje para justificar su desvinculación.
Respuesta de la OGTIC en redes sociales
En su cuenta de X (anteriormente Twitter), la OGTIC publicó un mensaje, que posteriormente eliminó, donde desmentía las acusaciones de Valerio y señalaba que su despido fue justificado por robos en la institución.
La publicación también aludía a ayudas brindadas por la OGTIC a la hija de Valerio, quien tiene una discapacidad, afirmando que “es lamentable que alguien a quien se le extendió la mano en momentos de necesidad ahora difunda información sin fundamento y perjudicial”.
Este comunicado provocó una ola de críticas en redes sociales, cuestionando la ética de la institución al hacer referencia a la situación familiar de Valerio para defenderse.
A pesar de eliminar la publicación, la OGTIC reiteró su compromiso con la transparencia y solicitó a la ciudadanía que “evalúe críticamente la información y realice investigaciones exhaustivas antes de difundirla”.
Reacciones en el Congreso
La controversia ha escalado a nivel político, y varios legisladores han exigido que el director de la OGTIC, Bartolomé Pujals, se presente en el Congreso para dar explicaciones sobre las denuncias de Valerio.
Según algunos congresistas, es imperativo investigar las presuntas irregularidades en las contrataciones y el uso de recursos dentro de la OGTIC, especialmente en cuanto a la acusación de ventas ilegales de armas.
Legisladores oficialistas, por su parte, han calificado las denuncias como parte de una supuesta campaña de desprestigio contra el gobierno.
Las revelaciones de Valerio coinciden con cuestionamientos a la OGTIC por el contrato de arrendamiento de un inmueble por 1,400 millones de pesos durante un periodo de diez años.
Pujals ha defendido esta decisión afirmando que el contrato cumple con las normas legales, pero la situación ha generado debate sobre la gestión de recursos públicos en la institución.
