RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- En un contexto de creciente debate sobre las exoneraciones fiscales en la República Dominicana, se ha revelado que diversas iglesias han importado vehículos por un valor superior a RD$713 millones entre 2020 y 2024, sin pagar impuestos gracias a privilegios fiscales establecidos desde hace décadas. Esta práctica ha resultado en una pérdida fiscal de RD$294,746,725.31 para el Estado, según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
El Concordato firmado en 1954 entre la Santa Sede y el Estado dominicano otorga a la Iglesia Católica beneficios fiscales, incluyendo la exoneración de impuestos en la importación de bienes destinados a su labor espiritual y comunitaria. Este privilegio se ha extendido a otras denominaciones religiosas mediante decisiones administrativas.
Entre las entidades que más han aprovechado este régimen se encuentran la Iglesia de Dios Inc., con 58 vehículos importados, y la Unión Asociación Dominicana de los Adventistas del Séptimo Día, con 56 unidades. Otras instituciones como el Obispado de San Francisco de Macorís, el Obispado de Santo Domingo, el Instituto Politécnico Loyola y la Compañía de Jesús también figuran en la lista de beneficiarios.
Supervisión de las iglesias dominicanas
Las iglesias evangélicas gestionan sus exoneraciones a través del Servicio Social de Iglesias Dominicanas (SSID), conforme a la resolución 5941. Este proceso está regulado por la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE-RD) y requiere la participación del SSID en varias etapas, desde la validación inicial hasta la coordinación con las autoridades aduaneras.
Sin embargo, se ha identificado que, en la práctica, muchos vehículos importados aparecen a nombre de concesionarios privados, como Delta Comercial S.A., que figura como el principal proveedor con 185 unidades vendidas a iglesias. Este hecho evidencia fallas estructurales en el sistema de control estatal y plantea dudas sobre la alineación de estas exoneraciones con su propósito original.
Vehículos de alta gama y uso
Entre los vehículos importados bajo este régimen se encuentran modelos de alta gama como BMW X7, Mercedes-Benz GLE 350, Volvo XC90, Lincoln Corsair y diversos todoterrenos Jeep, con precios que superan los tres millones de pesos. Aunque también se registran vehículos de trabajo como camionetas Toyota Hilux, SUV Honda CR-V y minibuses Toyota Hiace, la creciente presencia de modelos recientes sugiere un patrón de renovación de flota alejado del perfil de necesidad básica.
Llamado a la transparencia y reforma
Este escenario plantea un dilema para la administración pública. El régimen vigente carece de filtros actualizados o criterios diferenciados que permitan evaluar la pertinencia de cada exoneración. Como resultado, ha perdido su orientación original y se ha convertido en un instrumento vulnerable al uso indebido.
Más que eliminar los incentivos fiscales para las instituciones religiosas, el reto consiste en reformarlos y fiscalizarlos con rigor para que cumplan su propósito. Es fundamental establecer un registro público de beneficiarios, definir criterios objetivos de elegibilidad y aplicar auditorías periódicas. Estas medidas permitirían garantizar un uso responsable de los recursos fiscales y restaurar la integridad del sistema tributario.
El actual esquema ha derivado en una pérdida fiscal multimillonaria sin una justificación clara en términos de retorno social. Ante esta realidad, urge avanzar hacia un sistema más transparente, equitativo y funcional, que limite el privilegio y priorice el verdadero interés público.
