RDÉ DIGITAL, VENEZUELA.- La reciente declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que cuestiona la nacionalización de la industria petrolera venezolana, ha generado reacciones de especialistas que aseguran que el proceso se realizó conforme al marco legal vigente en su momento y no implicó un despojo indebido a empresas extranjeras.
Venezuela formalizó la nacionalización de su sector petrolero en 1976, durante el primer mandato del presidente Carlos Andrés Pérez, mediante leyes aprobadas por el Congreso y bajo principios de soberanía nacional.
Sin embargo, Trump sostiene que ese proceso afectó los derechos de compañías estadounidenses y manifestó su intención de que estos se restituyan.
El historiador Tomás Straka calificó estas afirmaciones como una visión “mal informada” de los hechos históricos, al señalar que la nacionalización fue el resultado de un proceso jurídico y político ampliamente respaldado en el país.
En una línea similar, la exviceministra de Energía y Minas, Dolores Dobarro, explicó que los recursos del subsuelo han pertenecido al Estado venezolano desde la independencia, y que las empresas extranjeras operaban bajo concesiones otorgadas por el país.
Las declaraciones de Trump se producen en un contexto de tensiones crecientes entre Washington y Caracas, marcado por sanciones económicas y el reciente bloqueo de buques vinculados a Venezuela en el Caribe.
El mandatario estadounidense también ha denunciado supuestas irregularidades en el control venezolano sobre su producción petrolera.
En respuesta, el Gobierno de Nicolás Maduro ha acusado a Estados Unidos de intentar apropiarse de los recursos energéticos del país y ha denunciado como actos de “piratería” la incautación de dos buques cargados con crudo venezolano.
El debate reaviva una disputa de larga data sobre la soberanía energética de Venezuela y el alcance de las medidas adoptadas por Estados Unidos en relación con el sector petrolero del país sudamericano.
