RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Congreso Nacional enfrenta el reto de aprobar una larga lista de proyectos de ley, códigos y reformas que llevan años en espera, afirmó Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).
Entre los pendientes, mencionó los códigos Penal, del Agua y Civil, así como las reformas a la Ley 87-01 de Seguridad Social, el Código Laboral, la Ley de Participación Ciudadana, el Referéndum y otras normativas fundamentales para fortalecer el marco legal del país.
Uno de los casos más críticos es el del Código Penal, que podría perimir nuevamente el próximo 12 de enero, al cierre de la legislatura actual. Según Castaños Guzmán, su aprobación es urgente, ya que el código vigente no contempla tipificaciones esenciales para combatir el crimen organizado y abordar nuevas modalidades delictivas.
“El Congreso tiene que entender que es imposible diseñar una política criminal de Estado con un Código Penal del siglo XX. La aprobación de esta pieza es inminente, no solo por la modernización que exige, sino también porque integra decenas de delitos que las leyes actuales no reconocen”, enfatizó.
Castaños Guzmán también destacó la necesidad de legislar sobre proyectos como la Ley de Protección de Víctimas y Testigos, la Ley de Plebiscito y la Ley que regularía la iniciativa popular legislativa. Subrayó que estas normativas son esenciales para garantizar la participación ciudadana en el diseño de políticas públicas y el fortalecimiento de la democracia.
“La República Dominicana ha transitado hacia un Estado Social Democrático y de Derecho, donde la participación de la ciudadanía es un eje central. No se justifica que casi 15 años después de la reforma constitucional de 2010 no hayamos aprobado estas legislaciones”, señaló.
FINJUS también llamó la atención sobre la necesidad de revisar y aprobar modificaciones en la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Código Procesal Penal, la Ley de Partidos y la Ley Orgánica del Régimen Electoral, especialmente tras la unificación de las elecciones. Además, instó al Tribunal Constitucional a regular las candidaturas independientes y al Congreso a trabajar en una reforma del Tribunal Superior Electoral.
Castaños Guzmán concluyó que la falta de acción legislativa representa un obstáculo para el avance institucional del país y pidió al Congreso priorizar estas normativas. “Estas leyes permitirán responder a los desafíos actuales y garantizar un marco jurídico más sólido para enfrentar las necesidades del país”, afirmó.
