RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– Las restricciones a la publicación de encuestas electorales de la Junta Central Electoral (JCE) han generado un debate jurídico. El punto central es si el órgano puede imponer límites que no están previstos de forma expresa en la ley.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) sostiene que la discusión no se limita a la regulación de encuestas. También abarca si una restricción de este tipo puede establecerse mediante reglamento.
Además, la entidad advierte que este tipo de medidas podría afectar derechos vinculados a la libertad de empresa y al acceso a la información.
Cuestionamientos sobre potestad reglamentaria
Finjus plantea que la JCE tiene facultad para regular materias de su competencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada.
En ese sentido, recordó que el reglamento debe desarrollar la ley, no sustituirla. Por lo tanto, cualquier exceso podría generar nulidad por inconstitucionalidad.
También señaló que limitar la difusión de encuestas fuera de los plazos legales podría afectar el flujo de información política.
Precedentes del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional ha fijado criterios sobre este tipo de conflictos.
En la sentencia TC/0032/12, estableció que los reglamentos no pueden exceder ni contradecir la ley. Asimismo, deben respetar su contenido y espíritu.
Por otro lado, decisiones posteriores han reiterado que la potestad reglamentaria debe estar expresamente prevista en la legislación.
El punto más polémico del reglamento
El debate se centra en la restricción que limita la publicación de encuestas al período de precampaña. Este inicia en julio de 2027.
Los críticos afirman que la Ley 20-23 de Régimen Electoral solo prohíbe encuestas en los ocho días previos a las elecciones. Por tanto, no contempla una veda prolongada.
En consecuencia, consideran que el reglamento introduce una restricción nueva no establecida por el legislador.
Reacciones y posible impacto
El periodista Danny Alcántara anunció que continuará publicando encuestas. Además, evalúa acudir a la vía constitucional.
Otros juristas advierten que el debate no es solo jurídico. También afecta a medios de comunicación y empresas encuestadoras.
Por su parte, algunos analistas señalan que las encuestas forman parte del derecho ciudadano a la información.
Discusión abierta sobre regulación y derechos
En este contexto, el debate se mantiene entre regular y legislar. Algunos expertos consideran que el reglamento podría estar excediendo sus límites.
Finalmente, el caso reabre la discusión sobre el equilibrio entre regulación electoral y derechos fundamentales en un sistema democrático.
