RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) instó este pasado sábado al Congreso Nacional a incluir de manera urgente en su agenda legislativa el Código Procesal Penal (CPP), luego de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara inconstitucional la Ley 10-15 por vicios de forma.
A través de un comunicado, Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió que el plazo de un año otorgado por el TC para corregir el error procedimental avanza rápidamente, y que dejarlo vencer sin una nueva ley provocaría un “caos jurídico” que pondría en riesgo derechos fundamentales y la estabilidad institucional del país.
“El reloj institucional continúa su marcha hacia el vencimiento del plazo otorgado, que frente a la negativa de no conocer su reincorporación, devendría en un caos jurídico”, señaló la entidad.
Sentencia con efecto diferido
La sentencia TC/0765/24, emitida el 6 de diciembre de 2024, anuló la Ley 10-15 que reformaba el CPP, por violar los principios de deliberación conjunta y aprobación bicameral establecidos en la Constitución. El fallo, sin embargo, no cuestionó el fondo de la reforma, abriendo la puerta a que el Congreso adopte nuevamente el texto, siguiendo los procedimientos legislativos correctos.
En un gesto de prudencia, el TC suspendió los efectos de la sentencia por un año, permitiendo que la ley siga vigente mientras el Congreso subsana el vicio formal.
Riesgo de retroceso en justicia penal
FINJUS advirtió que volver al CPP anterior a la Ley 10-15 implicaría retrocesos significativos, como:
- Reducción de plazos para medidas de coerción.
- Debilitamiento de mecanismos de protección a víctimas y testigos.
- Limitaciones en figuras clave como la suspensión condicional del procedimiento y la prisión preventiva.
- Afectación a la funcionalidad del Ministerio Público y otras instituciones vinculadas a la acción penal.
Oportunidad de mejora estructural
La fundación considera que esta coyuntura debe aprovecharse para revisar aspectos críticos del proceso penal, como la declaratoria de casos complejos, el principio de oportunidad, la racionalización de procesos y el fortalecimiento de la actuación del Ministerio Público.
“Es imprescindible revisar las formalidades del proceso acusatorio para que no se conviertan en obstáculos al acceso a la justicia ni limiten la eficacia del sistema penal”, subrayó FINJUS.
Llamado a la institucionalidad
Finalmente, la organización reiteró que fortalecer el régimen democrático exige instituciones sólidas, apego a la Constitución y responsabilidad compartida entre los poderes del Estado y la sociedad civil.
“Es momento de actuar con visión de Estado e institucionalidad, centrada en la protección de derechos, el respeto al orden constitucional y la seguridad jurídica”, concluyó Castaños Guzmán.
