RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), tras evaluar el anteproyecto de Ley de Libertad de Expresión, Medios Audiovisuales y Plataformas Digitales desarrollado por la Comisión Consultiva para Libertad de Expresión (Cclex), destacó su importancia para fortalecer la vida democrática del país.
En un comunicado de prensa emitido recientemente, FINJUS subrayó que la libertad de expresión e información, consagrada en el artículo 49 de la Constitución, es un derecho fundamental que garantiza tanto la expresión de opiniones sin coacción como el acceso a la información.
El análisis del anteproyecto reveló que este cuenta con una estructura clara y lógica, exenta de ambigüedades, y establece límites precisos para la libertad de expresión. El capítulo II del anteproyecto enfatiza principios que fomentan la diversidad de los medios y protegen la integridad física de las personas, resaltando la importancia del debido proceso legal.
Además, FINJUS enfatizó que si bien la libertad de expresión es crucial, no es absoluta. El anteproyecto deja claro que esta libertad debe ejercerse respetando otros derechos fundamentales como el honor, la intimidad, la dignidad y la moral, especialmente en lo que concierne a la juventud y la infancia.
La rápida evolución tecnológica representa una amenaza significativa para estos grupos vulnerables, aspecto abordado con detenimiento en el texto del anteproyecto.
Un aspecto novedoso introducido por el anteproyecto es la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), adscrito al Ministerio de Cultura, cuya función principal será supervisar y promover las libertades de expresión e información. Este instituto reemplazaría a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, consolidando así la regulación en el ámbito de los medios de comunicación.
En su conclusión, FINJUS destacó que la ley propuesta busca establecer un marco normativo que fomente la tolerancia, la eficiencia y la calidad en los procesos políticos, mejore la gestión de los servicios públicos y garantice el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
