RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha entrego este pasado lunes una serie de observaciones a la Ley 1-24, que establece la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La Finjus busca modificar la normativa para abordar y delimitar sus deficiencias a través de una nueva ley.
Al presentar el catálogo de sugerencias ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, la Finjus sugiere la necesidad de una nueva legislación que derogue y sustituya la ley actual. Además, la institución espera que la nueva legislación cuente con un soporte institucional proactivo, capaz de preservar la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana, siempre respetando los derechos y libertades de los ciudadanos.
Entre las debilidades identificadas por la Finjus, se destaca la ausencia de definiciones claras en la Ley 1-24, así como la presencia de conceptos jurídicos indeterminados. La entidad sugiere incluir y definir términos clave como Seguridad Nacional, Inteligencia Estratégica, Amenazas a la Seguridad Nacional, Contrainteligencia, Operaciones Encubiertas, Información Clasificada, Cooperación Internacional y Vigilancia Electrónica, entre otros.
En el documento de 15 páginas, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, destaca la importancia de prestar atención al debido proceso y la razonabilidad en la nueva ley. Además, señala la falta de respeto al secreto profesional en la Ley 1-24 y aboga por un acápite que regule el tratamiento de datos recogidos por la DNI.
Castaños Guzmán también resalta la brecha en el manejo posterior de la información, ya que la norma no establece un control judicial previo en los artículos 9 y 11. Según el documento, esto deja un control posterior muy discrecional.
El diputado Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, anticipó que la iniciativa de ley modificada estará lista en aproximadamente 15 días, destacando que 11 de los 39 artículos de la Ley 1-24 chocan con la Constitución.
