RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus) advirtió este jueves que la sentencia TC/0765/24 tiene como objetivo preservar un equilibrio razonable entre los poderes del Estado, destacando la importancia del control de constitucionalidad para garantizar la supremacía constitucional.
En un comunicado, Finjus explicó que este control se establece como un mecanismo para asegurar que la Constitución sea la norma suprema dentro del ordenamiento jurídico del Estado. “El artículo 6 de la Constitución establece el principio de supremacía constitucional, lo que hace que esta sea la norma fundamental que rige el marco legal del país”, destacó la fundación.
El comunicado también subraya que el Tribunal Constitucional no busca simplemente expulsar del ordenamiento jurídico la Ley núm. 10-15, que modifica la Ley núm. 76-02, sino que actúa como garante de la supremacía constitucional y busca asegurar un sistema equilibrado para la validación de normas y decisiones. Finjus resaltó que la sentencia TC/0765/24 no anula inmediatamente dicha ley, sino que ofrece un período durante el cual permanecerá en vigor para evitar un vacío normativo que podría afectar la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Con respecto a las observaciones del Poder Ejecutivo sobre la aprobación tácita de leyes y el plazo para las dos legislaturas ordinarias, la Fundación destacó que la sentencia justifica un cambio de precedente, indicando que la aprobación debe contar con la observancia de los procedimientos legislativos establecidos en la Constitución, lo que incluye la aprobación del Congreso Nacional en su estructura bicameral y un voto de mayoría calificada.
Finjus concluyó que la sentencia no cuestiona el contenido de la norma en cuanto al fondo, sino que ofrece una oportunidad para subsanar un vicio procedimental que afectó el proceso de su conocimiento. La fundación saludó la interpretación del Tribunal Constitucional y destacó que el fortalecimiento del régimen democrático pasa por consolidar un sistema en el que los derechos y libertades fundamentales se mantengan equilibrados, respetando la libertad, la dignidad y promoviendo la seguridad jurídica.
